El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, remitió a la Fiscalía General de la Nación un reporte detallado sobre presuntas irregularidades en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. El informe, divulgado en noviembre de 2025, señala posibles sobrecostos en contratos y manejo irregular de recursos, incluyendo alertas en la contratación de hogares de paz, bonos de vestuario y calzado, adquisición de bienes y servicios, y difusión institucional. Las anomalías detectadas corresponden a la administración anterior del sector defensa, y el ministro enfatizó que será la Fiscalía la que determine si existen méritos para atribuir responsabilidades penales.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran posibles pagos por servicios no prestados, fallas en los procesos de supervisión, inconsistencias en las cuentas de cobro y sobrecostos generalizados. El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, que opera bajo las tres líneas estratégicas de desmovilización individual, sometimiento individual a la justicia y prevención del reclutamiento ilícito, es el encargado de manejar los recursos para la reintegración de excombatientes. Desde el inicio de la administración del presidente Gustavo Petro, se han desmovilizado 450 personas, 891 se han desvinculado y más de 1.800 se han sometido a la justicia.
Incentivos económicos y contexto normativo
El Comando General de las Fuerzas Militares, mediante un comunicado de noviembre de 2025, explicó que los incentivos económicos para la desmovilización y el sometimiento se actualizaron a través de la Directiva Permanente 18 de 2025. Los pagos oscilan desde 2,5 salarios mínimos legales mensuales por la desvinculación de un menor, hasta 280 salarios mínimos para la presentación de un cabecilla principal. Además, se ofrecen recompensas por hallazgos como laboratorios, campos minados o dinero ilegal. Los hogares de paz, donde los desmovilizados reciben asistencia, alimentación y apoyo psicosocial durante 90 días, son parte fundamental de este proceso.
«Desde esta cartera seguiremos colaborando con la justicia, fortaleciendo los controles internos y protegiendo los recursos públicos con absoluto respeto por la independencia judicial»
Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa
«Los pagos oscilan desde 2,5 salarios mínimos legales mensuales por la desvinculación de un menor, hasta 280 para la presentación de un cabecilla principal, además de recompensas por hallazgos como laboratorios, campos minados o dinero ilegal»
Comando General de las Fuerzas Militares, comunicado de noviembre de 2025
El ministro Mora López reiteró que el Ministerio de Defensa continuará colaborando con las autoridades judiciales y fortaleciendo los controles internos para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, en un contexto donde la desmovilización y el sometimiento a la justicia siguen siendo prioridades del Gobierno nacional.
