En Colombia, la industria del modelaje webcam, una actividad reconocida como lícita por la Corte Constitucional, enfrenta una crisis silenciosa marcada por denuncias de abusos laborales, acoso digital y una alarmante falta de protección. Testimonios de modelos que pidieron reservar su identidad bajo los nombres ficticios de María, Camila y Regina, revelan un entramado de presiones que van desde jornadas extenuantes hasta amenazas de difusión de contenido íntimo, mientras los estudios y plataformas de streaming evaden su responsabilidad, según indicaron las afectadas en el especial de Infobae Colombia.
La falta de una regulación específica para el entretenimiento para adultos en el país permite que persistan condiciones que ponen en jaque la dignidad de las trabajadoras. María relató que en su paso por un estudio le exigían transmisiones que superaban las doce horas continuas, mientras la prioridad absoluta de los dueños era la producción, sin importar el desgaste físico o emocional. «A los estudios lo único que les interesa es que la modelo produzca. Ellos aparentemente ofrecen apoyo, pero todo es superficial a conveniencia de ellos», afirmó María, quien optó por independizarse para poder establecer límites claros a su labor.
Abusos que trascienden la pantalla
Las problemáticas no se limitan al interior de los estudios. Regina, otra modelo entrevistada, experimentó una situación de acoso que escaló a la vida real durante el Mundial de fútbol de 2026. Un cliente marroquí, tras un conflicto por el reembolso de tokens, la contactó a través de Telegram y sus redes personales para intimidarla. Este caso evidencia cómo las plataformas digitales, pese a ser el escenario del trabajo, ofrecen una protección casi nula. «Las páginas no brindan apoyo en lo absoluto. Solamente nos permiten bloquear a los usuarios y ya», lamentó Regina, destacando que el anonimato de los agresores los vuelve más audaces. Por su parte, Camila denunció el abuso de poder por parte de los monitores en los estudios, quienes ejercen una presión constante ignorando el malestar emocional de las modelos. «Ellos les dan como pañitos de agua tibia a la situación para que la modelo siga trabajando, le siga facturando y ya», criticó sobre la reacción superficial de los administradores ante las quejas.
El temor al estigma social es un factor paralizante que dificulta la denuncia formal. Camila explicó que, a su juicio, la sociedad y las autoridades dejan de prestar atención a una denuncia en el momento en que se menciona la profesión de modelo webcam, enfocándose en el prejuicio en lugar del delito. «En cuanto yo mencione que esta persona la conocí en una plataforma de webcam, que yo soy modelo, que yo trabajo con mi cuerpo, van a dejar de prestar atención a la denuncia», aseveró. Este clima de desconfianza institucional se suma a la amenaza real de perder la cuenta en las plataformas, la cual representa su principal fuente de ingresos y su reputación digital, lo que obliga a muchas a soportar el acoso en silencio.
«Estamos en un sector que se denomina entretenimiento para adultos. Es una actividad lícita, entre otras razones porque el artículo 25 de la Constitución Política protege el derecho al trabajo en todas sus modalidades. Lo único que se exige es que se ejerza libremente»
David Hernando Barbosa Ramírez, abogado laboralista y profesor de la Universidad del Rosario
Frente a este panorama, el abogado laboralista David Hernando Barbosa Ramírez, profesor y coordinador del área de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario, recordó que la actividad es legal y que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-109 de 2021, ya dio un paso crucial al reconocer derechos laborales a una modelo webcam embarazada que fue desvinculada. El fallo estableció que una relación comercial puede ser considerada un contrato de trabajo si se configuran elementos de subordinación. El experto fue enfático en que la subordinación laboral, si bien es un elemento válido de la relación, tiene límites inquebrantables. «Nunca su subordinación jurídica puede llegar a afectar la dignidad de la trabajadora», sentenció Barbosa, haciendo un llamado a que el Congreso y el Ministerio del Trabajo atiendan la exhortación de la Corte y creen una regulación específica que proteja a quienes laboran en esta industria, para que su derecho al trabajo no se ejerza a costa de su integridad.
