La desaparición de menores de edad en Bogotá se ha convertido en un nuevo frente de controversia política y social, luego de que la concejala Andrea “Tata” Hernández y el secretario de Seguridad, César Restrepo, presentaran cifras contradictorias sobre el fenómeno. Mientras Hernández asegura que los casos van en aumento, con datos que reflejarían hasta 594 niños y adolescentes desaparecidos en lo que va de 2026, Restrepo sostiene que la tendencia es decreciente y que lo que ha crecido es la visibilidad del problema. En medio del debate, concejales como Andrés Barrios, Diana Diago y Julián Uscátegui han reportado incluso 989 casos con corte a agosto de este año, lo que enciende las alarmas en una ciudad donde, según la Fiscalía General de la Nación, dos de cada tres menores que desaparecen son niñas y el 86 por ciento son adolescentes entre los 12 y los 17 años.
Cifras que no cuadran
La discusión estalló en septiembre de 2026, cuando la concejala Hernández advirtió que cada 24 horas un niño o adolescente se extraviaba en las calles de la capital. Citando datos de la Secretaría de Seguridad, afirmó que en lo corrido del año ya sumaban 294 desaparecidos, una cifra que, de mantenerse el ritmo, superaría los 360 registrados en 2025. Sin embargo, al contrastar con información de la Fiscalía, la concejala elevó la estimación a 594 casos a septiembre. “Muy grave la declaración del secretario de Seguridad. Estamos reportando dos niños desaparecidos por día”, denunció Hernández, quien acusó al funcionario de querer “maquillar” la realidad. Por su parte, Restrepo presentó una radiografía opuesta: 1.600 reportes en 2016 frente a 816 en 2025 y 611 en lo que va de 2026, lo que, según él, representa una disminución del 50 por ciento desde hace una década. “No hay más casos, sino mayor conocimiento público”, argumentó el secretario, añadiendo que el 75 por ciento de los menores desaparecen por “voluntad propia”, un dato que la concejala cuestionó al vincularlo con contextos de violencia intrafamiliar y posible trata de personas.
Bosa y Kennedy, los focos rojos
Las localidades del sur de Bogotá concentran los aumentos más pronunciados. En Bosa, los casos pasaron de 69 en 2025 a 91 en 2026, un incremento del 32 por ciento, mientras que en Kennedy el salto fue del 38 por ciento, al registrarse 77 desapariciones este año frente a 56 el anterior. Estos datos, reportados por los concejales, contrastan con la postura oficial y han llevado a expertos como Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno (GovLab) de la Universidad de La Sabana, a pedir cautela en la interpretación. “El aumento de reportes y el número de menores que continúan desaparecidos son indicadores distintos, afectados por la calidad y actualización de los registros. Sin embargo, estas limitaciones no deben retrasar la respuesta”, señaló Oróstegui, quien vinculó la problemática con la violencia intrafamiliar, pues en el primer semestre de 2026 se contabilizaron 1.600 casos de menores que sufrieron este flagelo en sus hogares. El académico advirtió que las hipótesis deben investigarse caso por caso: “Las medidas para enfrentar redes de explotación son diferentes de las intervenciones para proteger a un menor que abandona un hogar violento”.
“Definitivamente hay un incremento y el secretario de Seguridad tiene de entrada que reconocer que esta problemática está pasando en Bogotá y que no es como él muchas veces lo quiere mostrar y maquillar un poco”.
Andrea “Tata” Hernández, Concejala de Bogotá
La concejala Hernández también alertó sobre casos extremos, como la desaparición de menores de ocho y once meses en la localidad de Tunjuelito, y criticó la ausencia de avisos sobre trata de personas en aeropuertos y terminales de transporte. En sus declaraciones, recalcó que no es necesario esperar 24 horas para reportar una desaparición, e insistió en la necesidad de implementar una alerta tipo Amber en Colombia, similar a la que opera en otros países para localizar niños extraviados de forma inmediata. Frente a esto, Oróstegui recomendó fortalecer la articulación entre el Distrito y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para intervenir antes de que los riesgos se materialicen, mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes. “La efectividad no solo debe medirse por la localización, sino por la protección posterior”, concluyó el experto, en un llamado a pasar del debate de cifras a acciones concretas que eviten que más niños y adolescentes sigan desapareciendo en las calles de Bogotá.
