La Contraloría General de la República encendió las alarmas al señalar que los Equipos Básicos de Salud, una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para fortalecer la atención primaria, habrían alcanzado a menos del 40% de la población prevista, a pesar de que se asignaron más de $4,1 billones a 2.927 entidades en todo el territorio colombiano. La advertencia hace parte de un informe preliminar que examina la ejecución de estos recursos entre diciembre de 2022 y junio de 2026, periodo durante el cual se identificaron posibles limitaciones en la cobertura del programa y serias debilidades en la verificación del uso del dinero público.
De acuerdo con el organismo de control, la revisión evidenció fallas en el cargue, la oportunidad y la consistencia de la información reportada en plataformas oficiales como el Secop, el Si-aps y el Sispro, lo que dificulta realizar un seguimiento financiero preciso y conocer con certeza los resultados alcanzados. Aunque no se detalló qué entidades presentan las mayores deficiencias ni la proporción exacta de registros afectados, la Contraloría consideró que estas falencias impiden verificar de manera confiable la relación entre los recursos invertidos y la población realmente atendida.
Millones asignados versus cobertura efectiva
El informe revela cifras que invitan a la reflexión: de los más de $4,1 billones asignados, se realizaron pagos por cerca de $3,9 billones, mientras que los compromisos registrados ascienden a $1,5 billones. Además, se reportaron reintegros por $15.402 millones y un saldo pendiente de ejecución de aproximadamente $2,4 billones. Estas sumas contrastan fuertemente con el alcance del programa, que habría logrado cubrir menos del 40% de la población estimada, lo que pone en duda la efectividad de una inversión calificada como histórica para la atención primaria en salud.
La Contraloría insistió en que el número de entidades beneficiarias, 2.927, no resuelve por sí solo el interrogante sobre el alcance real de los Equipos Básicos de Salud. Por ello, consideró necesario continuar con el seguimiento para establecer no solo cuánto dinero se ha ejecutado efectivamente, sino a cuántas personas se ha logrado llegar en cada rincón del país. La alerta se enmarca en un proceso de vigilancia que busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la salud y que, según el organismo de control, apenas comienza a arrojar las primeras conclusiones de un programa que prometía transformar la atención sanitaria en Colombia.
