El Consejo de Estado condenó a la Nación por una falla en el servicio médico que causó una lesión permanente en el nervio ciático de un niño de 4 años, tras una inyección mal aplicada en una clínica de la Policía de Envigado, Antioquia. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo encontró responsable al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por el daño antijurídico causado a ‘Roberto’, hoy de 22 años, quien sufrió secuelas irreversibles luego de que una auxiliar de enfermería le administrara una inyección intramuscular fuera de la zona anatómica de seguridad el 9 de junio de 2008.
En aquella ocasión, el menor fue llevado a urgencias con fiebre y dolor generalizado, diagnosticándosele una infección de vías respiratorias superiores. Un médico tratante ordenó la aplicación de media ampolla de dipirona sódica por vía intramuscular en el glúteo derecho. Al momento de la inyección, el niño gritó, se orinó y perdió el conocimiento. Un peritaje determinó que la lesión no se habría producido si se hubiera empleado una técnica adecuada, estableciendo que el personal de enfermería administró el medicamento por fuera de la zona de seguridad, lo que constituyó una falla en la prestación del servicio de salud.
Las consecuencias fueron devastadoras. El menor desarrolló cojera permanente, dolor crónico neuropático, deformidad en el pie y dependencia a opioides como morfina y tramadol. Un examen neurológico realizado el 26 de agosto de 2008 identificó compromiso axonal leve del nervio ciático. Medicina Legal documentó deformidad física permanente, con la extremidad en posición de equino, y perturbación funcional permanente del órgano de la locomoción. La Universidad CES evaluó una pérdida de capacidad laboral del 35%. La situación se agravó con el paso del tiempo: en 2013, cuando Roberto tenía apenas 9 años, presentó dos intentos de suicidio, y al año siguiente se le diagnosticó trastorno por dolor crónico.
Una lucha de 18 años por justicia
El drama familiar fue mayúsculo. Los padres del menor, quienes presentaron la demanda, tuvieron que vender su vivienda y un negocio para costear los tratamientos. La madre, en un acto de desesperación, llegó a encadenarse en protesta para solicitar ayuda. Tras el incidente, la familia recibió explicaciones de que el dolor podría durar hasta un mes, una previsión que quedó ampliamente superada por la realidad de las secuelas permanentes que hoy, 18 años después, continúa padeciendo Roberto.
El Tribunal Administrativo de Antioquia ya había condenado a la Nación el 24 de febrero de 2022, pero la defensa de la Policía y el Ministerio de Defensa apeló la decisión. La defensa argumentó un incumplimiento de la madre al deber de cuidado y sostuvo que la atención fue adecuada, argumentos que fueron desestimados por el Consejo de Estado. El alto tribunal ratificó la responsabilidad al encontrar acreditado el daño antijurídico y la falla en el servicio, confirmando que la inyección mal aplicada fue la causa directa de las graves lesiones que han marcado la vida de Roberto y su familia durante casi dos décadas.
