La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, emitió la sentencia C-364 de 2026 mediante la cual declaró constitucionales las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), creadas en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 durante el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el alto tribunal condicionó su aplicación al exigir el respeto irrestricto de la autonomía territorial y la participación obligatoria de los municipios y distritos. La decisión, adoptada por la Sala Plena, establece que el Ministerio de Agricultura puede delimitar estas áreas y definir actividades incompatibles, pero no está facultado para reglamentar los usos del suelo, una competencia que recae exclusivamente en los concejos municipales. Cualquier declaratoria de APPA deberá incluir un proceso de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales, además de considerar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
El fallo se conoce en medio del desmonte de las APPA por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, cuyo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha impulsado la derogación de estas declaratorias al considerar que limitaban competencias territoriales y presentaban deficiencias cartográficas y de consulta previa. Durante la administración de Gustavo Petro se delimitaron cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios, distribuidas principalmente en Córdoba, con 667 mil 34 hectáreas; Antioquia, con 102 mil 802; Santander, con 84 mil 662; La Guajira, con 79 mil 782; Tolima, con 48 mil 494, y Sabana Centro, en Cundinamarca, con aproximadamente 15 mil 800 hectáreas. La Corte determinó que, en adelante, las APPA en trámite deberán sujetarse a los condicionamientos establecidos, garantizando que los concejos municipales y distritales puedan presentar observaciones y propuestas que deben ser valoradas de manera efectiva y motivada.
El equilibrio entre la soberanía alimentaria y la autonomía local
La exministra de Agricultura Martha Carvajalino, quien impulsó la creación de estas áreas durante el gobierno anterior, celebró la decisión del tribunal al considerar que respalda la protección de los suelos agropecuarios del país. En sus declaraciones, destacó que el fallo representa una garantía para la soberanía nacional, al tiempo que subrayó la importancia de que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales trabajen de manera articulada en la delimitación de estas zonas. La sentencia, según analistas, fija reglas claras para equilibrar el poder central con la autonomía local en la protección de suelos agroalimentarios, un tema que ha generado controversia política y jurídica en los últimos años.
«El tribunal respaldó la protección de suelos agropecuarios y calificó la decisión como garantía para la soberanía nacional»
Martha Carvajalino, exministra de Agricultura y Desarrollo Rural
Un aspecto relevante del fallo es que las APPA no constituyen zonas de exclusión minera absoluta, lo que explica el incremento de solicitudes de explotación en áreas que alguna vez estuvieron delimitadas como protectoras de alimentos. De acuerdo con una investigación del medio Cambio, que cruzó registros de la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en Tolima se identificaron tres solicitudes de oro, plata y platino que abarcan 229 hectáreas superpuestas de las 232 declaradas. En Antioquia, se registraron 15 solicitudes, de las cuales ocho fueron radicadas el 22 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial. En Córdoba, la situación es aún más crítica: 17 solicitudes mineras, principalmente de oro, carbón, cobre, níquel, arenas y gravas, se superponen en 2 mil 52 hectáreas que anteriormente hacían parte de las APPA. Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella ya había comenzado a derogar estas declaratorias, la sentencia de la Corte Constitucional podría influir en futuras delimitaciones y en la manera como se gestionan los conflictos entre la producción de alimentos y la explotación minera en el país.
