La familia del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega presentó una impugnación contra el fallo que declaró improcedente la tutela interpuesta contra Netflix y Dynamo Producciones por la serie “Palacio”, luego de que el pasado 6 de noviembre se estrenaran la totalidad de sus ocho capítulos. Los hijos del oficial, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega, representados por el abogado Jaime Granados, elevan el recurso ante un juez de segunda instancia al considerar que el contenido ya disponible permite verificar las afectaciones a los derechos fundamentales de su padre, fallecido en 2019. La primera instancia, a cargo del Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, había negado la tutela el 4 de noviembre argumentando que la serie aún no se había estrenado, por lo que no era posible evaluar un daño concreto. Con el estreno completo, la defensa sostiene que las escenas —que muestran a Plazas Vega como autor de disparos, torturas y desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia— lesionan la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho individual a la verdad y la memoria histórica, todos protegidos por la Constitución.
Los argumentos de la impugnación
En el escrito de impugnación, la familia denuncia que la serie omite sistemáticamente la absolución que la Corte Suprema de Justicia dictó en 2015 a favor del coronel retirado, mediante la sentencia SP17466-2015. “Ninguna de las investigaciones adelantadas por estos hechos, ni ninguna de las decisiones judiciales proferidas en ellas, le atribuyó al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega haber accionado el cañón de un vehículo blindado ni haber disparado alguno contra el Palacio de Justicia, lo presenta ante el espectador como autor directo de los disparos contra un edificio en el que se encontraban magistrados y civiles retenidos”, afirma el recurso. El abogado Jaime Granados señaló que cada capítulo abre con una cartelera breve que anuncia que se trata de una “ficción inspirada en hechos reales”, pero sin mayor salvedad, mientras que la advertencia que deslinda responsabilidades solo aparece al final de cada episodio, durante unos diez segundos, cuando el espectador ya ha sido expuesto a las escenas controvertidas. La defensa también cuestiona que la serie mencione con nombres reales a la madre y al suegro de los demandantes, lo que agrava la afectación a su entorno familiar.
“Antes de entrar a develar la transgresión producida en cada una de las escenas, debe advertirse que cada capítulo abre con una cartelera breve que anuncia una ‘ficción inspirada en hechos reales’, sin salvedad alguna”.
Jaime Granados, abogado de la familia Plazas Vega
El contexto judicial y la petición concreta
La serie “Palacio” recrea la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 los días 6 y 7 de noviembre de 1985. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó en el numeral 17.16 de la sentencia SP17466-2015 que no existían elementos suficientes para condenarlo por desaparición forzada durante la retoma militar. La defensa también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional, que reconoce el derecho individual a la verdad y la memoria histórica como parte del núcleo esencial de la dignidad humana. En la tutela original, la familia solicitó que se ordenara a Netflix incluir una advertencia en cada capítulo que informara sobre el carácter ficticio de la representación y la absolución judicial de Plazas Vega, así como que se colocara un texto específico: “Personaje recreado con fines de ficción. Su contenido no corresponde a hechos reales ni a lo establecido por las decisiones judiciales”. Sin embargo, la primera instancia consideró que la solicitud era prematura al no haberse estrenado la serie. Ahora, con el contenido completo disponible, el juez de segunda instancia deberá decidir si acepta la impugnación y ordena modificar los avisos dentro de los capítulos, no solo al final de los ocho episodios, como ocurre actualmente. La decisión marcará un precedente sobre los límites entre la ficción histórica y los derechos fundamentales de las personas retratadas sin sustento judicial.
