El coronel del Ejército Nacional Jorge Hernán Triviño Charry, exjefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Segunda Brigada con sede en Barranquilla, se encuentra en el centro de una polémica. Mientras adelanta gestiones para ser designado como agregado militar en la embajada de Colombia en Paraguay, registra abierta una indagación penal por presunta concusión y tres expedientes internos por abuso de autoridad, acoso sexual laboral y corrupción. La aspiración diplomática del oficial, revelada por el portal El Expediente, ha generado reparos tanto en el Palacio de Nariño como en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, al considerar que colisiona con la política de disciplina e integridad de la fuerza pública impulsada por el Ejecutivo.
Investigaciones en curso
La investigación penal, a cargo de la Fiscalía 59 Seccional de Barranquilla, se basa en la noticia criminal 080016001256202500007 y tipifica el delito de concusión, regulado en el artículo 404 del Código Penal. El caso fue reasignado a una fiscalía de conocimiento el 2 de abril de 2025. En desarrollo de las diligencias, se emitieron órdenes de policía judicial el 3 de abril y el 15 de mayo del mismo año, y la Dijín remitió un oficio urgente el 14 de julio para reiterar la entrega de documentos. En el marco de la indagación, el ente acusador requirió a la Oficina de Talento Humano del Ejército el listado del personal asignado a la oficina de control de comercio de armas de la Segunda Brigada, incluyendo al coronel Triviño, así como la certificación de placas, marcas, colores y conductores de su esquema de protección.
En paralelo, el coronel enfrenta tres expedientes internos en el Ejército. El primero, radicado el 12 de septiembre de 2024, fue presentado bajo el seudónimo «Juana de Arco» y versa sobre abuso de autoridad. El segundo, registrado el 15 de octubre de 2024, corresponde a denuncias de acoso sexual laboral. El tercero, interpuesto el 1 de febrero de 2025 con el radicado 1146988, involucra presuntos actos de corrupción y acoso laboral y se encuentra aún en trámite. Este último expediente fue presentado por la misma denunciante de casos anteriores, la funcionaria Yariseth Pérez Gutiérrez, quien ya había expresado su frustración en un informe confidencial: “Ya se han hecho varios documentos por estos inconvenientes, pero nadie da una solución”.
«Ya se han hecho varios documentos por estos inconvenientes, pero nadie da una solución»
Yariseth Pérez Gutiérrez, funcionaria del Ejército, informe confidencial del 15 de octubre de 2024
Las denuncias internas describen un patrón de conducta que incluye desde despojar de su espacio de trabajo a una capitana encargada de psicología militar y de género hasta presuntos acercamientos físicos no consentidos, como roces y abrazos, a personal femenino del Centro de Familia Militar (Cefam) y otras dependencias. La investigación penal también indaga si el oficial habría abusado de su cargo para constreñir a otros a entregar dinero o utilidades indebidas.
Pese a que no existen condenas ejecutoriadas ni sanciones en firme contra Triviño, fuentes del Palacio de Nariño advierten que nombrarlo agregado militar en Paraguay sería incompatible con la política de disciplina e integridad que pregona el Gobierno. El caso expone las tensiones entre la presunción de inocencia y la necesidad de mantener altos estándares éticos en las representaciones diplomáticas militares, en un momento en que el Ejecutivo busca reforzar la transparencia en la fuerza pública.
