Una investigación de la revista Cambio reveló que cinco de las empresas que donaron para adecuar el Batallón Paraíso como sede alterna del presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla reportaron ingresos por cero pesos en sus renovaciones de matrícula mercantil más recientes, correspondientes a marzo y abril de 2026. Las firmas señaladas son AMD Ingenieros, Vismar Tech, JG Solutions Service, Proyectos Franco Estructuras e Inversiones Bendeck, cuyos aportes suman más de 351 millones de pesos dentro de un total de 1.126 millones recibidos por el proyecto. La información fue obtenida por la abogada y periodista Ana Bejarano Ricaurte mediante un derecho de petición ante el Ejército Nacional, que confirmó las donaciones y permitió a Cambio cruzar los datos con los registros mercantiles de los aportantes.
El Ministerio de Defensa ha señalado que no hubo un contrato estatal ni un presupuesto de obra, debido a que las empresas ofrecieron voluntariamente sus aportes, y que no se exigieron pólizas de cumplimiento, calidad o estabilidad ni se contrataron interventorías, quedando la seguridad a cargo de privados. Por su parte, el Ejército Nacional indicó que el inmueble conserva su uso militar y continúa bajo administración del Ministerio de Defensa, mientras que Presidencia afirmó que el Batallón Paraíso no ha sido destinado formalmente como sede alterna del Gobierno.
Las empresas y sus aportes sin ingresos declarados
AMD Ingenieros, que donó 87 millones 153 mil pesos, reportó capital suscrito de 10 millones de pesos y su último ingreso registrado data de 2022, por 10 millones. Vismar Tech, constituida el 2 de agosto de 2025 con un capital de 3 millones, aportó 86 millones 990 mil pesos. JG Solutions Service contribuyó con 82 millones 642 mil pesos y cuenta con capital de 20 millones. Proyectos Franco Estructuras, creada el 29 de noviembre de 2024 con capital de 50 millones, donó 56 millones 460 mil pesos. Inversiones Bendeck, constituida en agosto de 2024 con capital de 100 millones, entregó 37 millones 950 mil pesos. La ausencia de ingresos declarados en todas ellas durante sus últimas renovaciones sugiere irregularidades contables o falta de actividad económica, según advierte el informe.
El caso de Vismar Tech resulta especialmente llamativo: comparte representante legal, Fernando Enrique Visbal Soulier, con Ditracol S.A.S., otra empresa que también donó al proyecto y que sumó cerca de 173 millones de pesos entre ambas firmas. Ditracol firmó un contrato por 611 millones de pesos con Edubar el 12 de julio de 2025 para la instalación de aires acondicionados en escenarios deportivos, y Vismar Tech fue constituida apenas tres semanas después. Este vínculo empresarial se suma al de otras donantes que tienen conexiones con el Consorcio Metro Estadio, encargado de la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez mediante un contrato estimado en 280 mil millones de pesos, formalizado el 24 de diciembre de 2025. En particular, dos de los donantes, Industrias Maderas Isaac e IARK Construction, tienen vínculos empresariales con firmas de ese consorcio, mientras que Luis Francisco Ovalle Llinás, accionista de Convías (parte del mismo grupo), es hijo de la exalcaldesa Miriam Llinás, mentora del gobernador Eduardo Verano de la Rosa.
La investigación también revela que JG Solutions Service es controlada por Jorge Enrique Henríquez Fernández como gerente y accionista único; Proyectos Franco Estructuras está en manos de Martha Elena Rodríguez Donado; e Inversiones Bendeck tiene como representante legal a José Jorge Bendeck Vega, quien también figura en Sabek Ingenieros, firma contratista pública en Barranquilla. En contraste, Prosound Colombia S.A.S., otra de las 12 empresas donantes, sí declaró ingresos por 39 millones 500 mil pesos en su renovación, con un capital de 2 millones y constitución en junio de 2023. La donación más alta del conjunto fue la de Tecnoglass, que entregó 310 millones 416 mil 450 pesos en vidrios y ventanas blindadas.
Con estos hallazgos, la investigación de Cambio pone en entredicho la transparencia de un proceso en el que, pese a las declaraciones oficiales sobre el carácter voluntario de los aportes, cinco empresas que no reportan actividad económica alguna realizaron donaciones por cientos de millones de pesos para adecuar un inmueble militar como eventual sede presidencial.
