En una operación internacional sin precedentes, la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Civil de España lograron desarticular una red transnacional de trata de personas que esclavizó a más de 100 colombianos en centros de llamadas ilegales en Camboya, donde eran obligados a cometer fraudes financieros bajo amenazas de violencia extrema. La investigación, que comenzó tras una denuncia instaurada el 7 de agosto de 2025, permitió la captura de cinco presuntos integrantes de la organización en las provincias españolas de Zamora y Castellón, entre ellos Eslaineir Alexis Campo Rodríguez, Cristian Camilo Ortiz Avendaño, Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino, todos vinculados a una estructura criminal dirigida por un ciudadano de origen chino identificado como alias Jiaxing Ye.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Nacional, la red gestionaba de manera integral todo el proceso de captación de las víctimas, que eran reclutadas en Colombia con ofertas laborales falsas que prometían salarios de hasta 4.000 dólares mensuales para trabajar en Tailandia o Camboya. “La red gestionaba toda la logística, agendamiento de citas para pasaportes, compra de tiquetes aéreos, instrucciones precisas sobre qué declarar en migración para evitar controles y monitoreo constante hasta el abordaje”, detalló la institución en un comunicado. Las víctimas, hombres y mujeres colombianos de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, viajaban desde Colombia con escalas en Ámsterdam (Países Bajos) o aeropuertos españoles, para luego continuar hacia Bangkok (Tailandia) y finalmente llegar a Phnom Penh (Camboya) o la zona fronteriza con Vietnam.
Esclavitud moderna y delincuencia forzada
Una vez en Camboya, el sueño del empleo dorado se convertía en una pesadilla. Los criminales les quitaban los pasaportes y los documentos de identidad, y los mantenían bajo vigilancia armada en los centros de llamadas, donde eran obligados a cumplir jornadas laborales nocturnas de hasta 12 horas, aunque testimonios recogidos durante la investigación señalan que en algunos casos los turnos se extendían hasta 18 horas continuas. Las víctimas sufrían constantes amenazas con descargas eléctricas y otros castigos físicos, como el encierro sin comida durante semanas. Un caso extremo documentado por las autoridades relata que una de las víctimas fue encerrada dos semanas sin alimento y posteriormente entregada a otra organización criminal. A quienes se resistían o no cumplían con las cuotas diarias de estafas, que consistían en conseguir entre tres y cuatro instalaciones de aplicaciones maliciosas por día, se les exigía el pago de una deuda de 30 millones de pesos colombianos (aproximadamente 9.000 dólares) o seis meses de trabajo forzado para cubrir el costo del viaje y la «logística».
El modus operandi del fraude era meticuloso y engañoso. Un sobreviviente, en declaraciones a Noticias Caracol, reveló la crudeza del esquema: “Nos daban un listado donde decíamos a la gente que estábamos llamando de la Registraduría, que estábamos haciendo una campaña para que pudieran obtener la cédula digital gratis”. Utilizando guiones telefónicos diseñados para simular ser funcionarios de la Registraduría Nacional, los colombianos esclavizados debían engañar a otras personas para que descargaran aplicaciones que permitían a la red acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y robar sus fondos.
«Se trata del primer caso transnacional documentado y judicializado en Colombia por trata de personas bajo la modalidad de delincuencia forzada en centros de llamadas criminales en Asia»
Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín
La operación, que contó con la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, el Centro Especializado contra la Trata de Personas de Ameripol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), logró ejecutar tres capturas judiciales y dos retenciones con circular roja de Interpol en territorio español. Adicionalmente, se emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de la organización que se encuentran prófugos. Los procedimientos judiciales se adelantan por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir, y los detenidos en España están en trámites para una eventual extradición a Colombia. Las autoridades no descartan que la red esté vinculada a organizaciones criminales de origen chino asentadas en Asia, y han revelado que algunos de los miembros capturados habrían llegado inicialmente a Camboya como víctimas y posteriormente comenzaron a reclutar a otros colombianos, completando así un ciclo de explotación y cooptación criminal que mantuvo sometidas a más de un centenar de personas.
