La Defensoría del Pueblo, en un informe de balance sobre la ejecución del Acuerdo Final de Paz a diez años de su firma, advirtió que el pacto suscrito en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc está lejos de cumplir sus metas. Según el documento, revelado al 31 de julio de 2026, 521 excombatientes han sido asesinados y apenas el 4,6% de los planes de reparación colectiva, es decir, 63 de 1.367, han sido concluidos. La entidad destacó que, aunque hubo avances normativos e institucionales, persisten graves riesgos para la vida y la seguridad de las comunidades, así como retrasos en la garantía de los derechos de las víctimas.
El informe también reveló que entre enero de 2016 y junio de 2026 se registraron 1.743 asesinatos de defensores de derechos humanos. En cuanto a la transformación territorial, la pobreza multidimensional en los municipios PDET se redujo del 47,2% en 2018 al 26,1% en 2025, pero la informalidad laboral rural sigue siendo alta, con nueve de cada diez trabajadores en esa condición. El déficit habitacional rural disminuyó 11,6 puntos porcentuales entre 2019 y 2025, y 99.097 familias están vinculadas al programa de sustitución de cultivos. Sin embargo, el área sembrada con coca no se redujo y registró incrementos, pese a un 98% de cumplimiento en erradicación voluntaria.
Seguridad y violencia contra excombatientes
En materia de seguridad, el informe detalla que en 2025 los homicidios de firmantes de paz aumentaron un 38,5%, y que el 86% de los excombatientes reside fuera de los antiguos espacios territoriales, lo que dificulta su protección y acceso a servicios. De aproximadamente 14.100 desmovilizados, solo 11.000 están vinculados al proceso de reincorporación. Las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 12.841 en 2017 a 107.924 en 2025, y las de confinamiento, de 18.603 a 128.825 en el mismo período. Además, el 60,8% de los planes de retorno presenta un avance igual o menor al 25%.
Reparación y retos en el territorio
En cuanto a reparación, solo el 4,6% de los planes de reparación colectiva están concluidos. La Defensoría también señaló que la mortalidad materna rural es 2,4 veces superior a la urbana. Existen 120 alertas tempranas territoriales y dos nacionales vigentes, con un Índice de Respuesta Estatal del 57,14%. La entidad recomendó extender la reincorporación hasta 2031 y fortalecer la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).
«Persisten graves riesgos para la vida y la seguridad de las comunidades y retrasos en la garantía de los derechos de las víctimas. Los avances normativos, institucionales y sociales deben traducirse, en esta etapa final de la implementación, en la transformación efectiva y sostenible de las condiciones de vida de las víctimas y las comunidades»
Defensoría del Pueblo
El Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016, permitió la desmovilización de más de 14.100 guerrilleros y el retiro de 37 toneladas de material bélico. Sin embargo, a una década de su implementación, el informe de la Defensoría del Pueblo subraya rezagos críticos en reparación, seguridad para excombatientes y comunidades, y transformación territorial. La entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acelere los compromisos pendientes y garantice una paz sostenible.









