El Consejo de Estado rechazó el lunes 10 de noviembre una nueva demanda de nulidad electoral presentada por Sergio Álzate González y Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como «Gury», concejal del Centro Democrático, contra las curules de los congresistas Iván Cepeda Castro y Aida Quilcué Vivas. Con esta decisión, suman ocho las inadmisiones o rechazos que ha acumulado el alto tribunal frente a demandas basadas en la tesis del denominado «voto fusil», que alegaban presuntas presiones de grupos armados ilegales sobre los votantes. Los magistrados determinaron que los demandantes no identificaron de manera concreta hechos de violencia, municipios, puestos o mesas de votación afectados, ni las etapas electorales involucradas.
Las curules en cuestión fueron asignadas en aplicación del Estatuto de la Oposición, que reserva puestos en el Congreso para los candidatos presidenciales derrotados que obtuvieron la mayor votación. Corresponden a las fórmulas que representaron al Pacto Histórico y a la Alianza por la Vida en la segunda vuelta electoral del 21 de junio de 2026. El senador Iván Cepeda, quien según sus cifras obtuvo 12,7 millones de votos en esa votación, ha atribuido estas acciones judiciales a una estrategia política de sectores de la extrema derecha para desacreditar el resultado electoral.
Ocho rechazos a la tesis del «voto fusil»
El senador Cepeda destacó que ninguna de las demandas presentadas ha logrado acreditar un solo acto de violencia o presión que hubiera alterado la voluntad de los electores. En sus declaraciones, afirmó: «Ninguna de las demandas acredita un solo acto de violencia, presión, y menos aún que la voluntad de los electores se haya alterado».
«Ninguna de las demandas acredita un solo acto de violencia, presión, y menos aún que la voluntad de los electores se haya alterado»
Iván Cepeda Castro, senador
El fallo se conoce en medio de versiones que han circulado sobre una supuesta utilización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para alterar los resultados electorales, versiones que Cepeda también ha rechazado categóricamente. «Esa nueva mentira también fracasará. Nuestra campaña fue transparente y honesta», señaló el congresista.
Distintas misiones de observación electoral respaldan la transparencia de los comicios. La Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que no encontró una correlación estadísticamente relevante entre la injerencia o control territorial de grupos armados ilegales y los resultados de la segunda vuelta presidencial. Por su parte, Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, afirmó al presentar el informe final de la misión europea que no detectaron injerencia de grupos armados que hubiera afectado el resultado electoral.
Con este nuevo rechazo, el Consejo de Estado suma ocho decisiones adversas a la tesis del «voto fusil», la cual ha sido promovida principalmente por sectores del Centro Democrático. La segunda demanda presentada por Álzate González y Rodríguez Puerta también fue desestimada, consolidando un precedente judicial que desvirtúa las alegaciones de presión armada generalizada en los comicios de 2026.
