La Corte Suprema de Justicia redujo drásticamente, de 48 a solo 4 meses, la inhabilidad profesional que pesaba sobre un abogado condenado por intentar cobrar fraudulentamente más de 371 millones de pesos en acciones de una importante empresa colombiana, utilizando documentos falsos. No obstante, el alto tribunal mantuvo intacta la condena principal de 48 meses de prisión que el profesional del derecho debe cumplir por los delitos de falsedad documental, estafa agravada y fraude procesal, cometidos en el año 2009.
La decisión de la Sala Penal de la Corte, que ha generado controversia en el ámbito jurídico, se fundamentó en la protección del principio de legalidad penal. Los magistrados determinaron que los jueces de instancia aplicaron de manera retroactiva una reforma legal más gravosa para el condenado: la Ley 1762 de 2015, que aumentaba significativamente la duración de la inhabilidad profesional. Como la conducta delictiva ocurrió en 2009, la Corte consideró que se debían aplicar las versiones originales de los artículos 46 y 51 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que contemplaban una sanción mucho menor para esta modalidad de falta.
Un intento de fraude millonario con documentos falsos
El caso se originó cuando el abogado presentó documentos falsos ante una empresa para acreditar que representaba a una accionista que residía en el exterior. Con esta artimaña, pretendía cobrar acciones cuyo valor superaba los 371 millones de pesos. La maniobra fraudulenta fue descubierta, lo que llevó a su procesamiento y condena por los delitos de falsedad en documento privado, uso de documento público falso, fraude procesal y estafa agravada por la cuantía. Durante el proceso, la defensa del profesional solicitó la nulidad del mismo, argumentando que al anularse una primera sentencia se había añadido la sanción de inhabilitación profesional, empeorando su situación jurídica. Sin embargo, el alto tribunal rechazó este argumento, señalando que el abogado suscribió un segundo preacuerdo con la Fiscalía de manera libre y voluntaria tras la anulación del primer fallo.
La reducción de la inhabilidad ha sido recibida con sorpresa, ya que, si bien la Corte mantuvo la condena a prisión, la posibilidad de que el abogado pueda volver a ejercer su profesión en un plazo de apenas cuatro meses ha desatado el debate. En Colombia, las sanciones disciplinarias para los abogados están reguladas por la Ley 1123 de 2007, que contempla desde censuras y multas hasta la suspensión temporal o la cancelación definitiva de la tarjeta profesional, las cuales se imponen tras un proceso con todas las garantías de defensa. La decisión de la Corte Suprema, al no aplicar la reforma de 2015 que endurecía estas penas, deja en evidencia la tensión entre la necesidad de sancionar ejemplarmente conductas que atentan contra la fe pública y el respeto riguroso a los principios fundamentales del derecho penal, como es la irretroactividad de la ley desfavorable.
