En una intervención ante el Congreso de la República, la consejera comisionada de paz, Viviane Morales, reveló que Colombia ha invertido 170 billones de pesos en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc durante la última década, presentando un balance que calificó de resultados mixtos. Durante un debate de control político en el Capitolio Nacional, Morales desglosó las cifras de esta millonaria inversión, señalando que si bien se ha logrado una reducción de la pobreza en los territorios más afectados por el conflicto, persisten graves problemas de violencia y control criminal que ponen en riesgo los avances alcanzados.
La funcionaria detalló que, de los 170 billones de pesos destinados a la implementación, más de 40 billones fueron dirigidos específicamente a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde se han ejecutado 35.000 iniciativas. «El país debe saber que en estos 10 años se han invertido $170 billones para la implementación del acuerdo», afirmó Morales ante los legisladores, subrayando que estos recursos han sido canalizados a los distintos programas, los mecanismos del sistema de justicia transicional y los territorios PDET. Según las cifras presentadas, la pobreza se redujo un 12 por ciento en las zonas PDET, mientras que en los territorios no priorizados por el acuerdo la disminución fue del 7 por ciento.
Luces y sombras en la ejecución del acuerdo
A pesar de los indicadores positivos en materia de reducción de la pobreza, Viviane Morales advirtió que estos logros no pueden ocultar la realidad que viven las comunidades en los territorios. «Un acuerdo de paz tiene sentido si trae paz al país. Un proceso de paz se mide por sus resultados en la protección de la población», enfatizó la consejera, quien explicó que, de los cuatro criterios técnicos establecidos para intervenir las zonas PDET —pobreza, afectación del conflicto, debilidad institucional y economías ilegales—, solo el primero ha mostrado resultados concretos. En su análisis, la funcionaria señaló que los territorios continúan afectados por la violencia, la expansión de los cultivos ilícitos y la presencia de organizaciones armadas.
«La disminución de la pobreza no se puede interpretar como una superación de las condiciones que justificaron la intervención estatal. Los territorios continúan afectados por la violencia, la expansión de los cultivos ilícitos y la presencia de las organizaciones armadas»
Viviane Morales, consejera comisionada de paz
Morales fue contundente al afirmar que los avances sociales, cuando se analizan bajo el principio de progresividad de la Corte Constitucional, permanecen expuestos a riesgos que pueden limitar su sostenibilidad. «Disminuye la pobreza, pero no aumenta el ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades ni de las poblaciones, sometidas a los señores de la guerra, sometidas a las gobernanzas criminales, sometidas a los enclaves criminales, que les imponen confinamiento, desplazamiento y reclutamiento de menores», denunció la consejera. En este contexto, la funcionaria criticó duramente la política de «Paz Total» del gobierno anterior, señalando que las cifras confirman que las condiciones de violencia no solo persisten, sino que se agravaron con esa estrategia, particularmente en lo relacionado con el aumento de hectáreas de hoja de coca.
Cabe recordar que el Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP, tiene un horizonte mínimo de implementación de 15 años según el Acto Legislativo 02 de 2017 y sentencias de la Corte Constitucional, lo que lo convierte en una política de Estado de obligatorio cumplimiento para cualquier gobierno, sin posibilidad de suspensión unilateral. El pacto incluye seis ejes fundamentales: Reforma Rural Integral, representación de víctimas en el Congreso, garantías de seguridad para firmantes, sustitución de cultivos ilícitos, financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mecanismos de verificación internacional. Viviane Morales, quien regresó al gabinete del presidente Abelardo de la Espriella tras su paso por el Ministerio de Educación, ratificó que el actual gobierno mantendrá la ejecución del acuerdo como política de Estado, reafirmando el compromiso con su implementación a pesar de los desafíos persistentes en materia de seguridad y control territorial.









