El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella derogó oficialmente todas las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una decisión que libera cerca de un millón de hectáreas distribuidas en 59 municipios de seis departamentos del país. La medida, ejecutada a través del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), fue anunciada el 11 de noviembre de 2024, fecha en la que concluyeron los procesos de derogatoria en Tolima y Santander, luego de que ya se hubiera avanzado en La Guajira, Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba. El Gobierno había iniciado este proceso antes incluso de que la Corte Constitucional se pronunciara al respecto, y ahora argumenta que la protección de alimentos no debe ser una imposición centralista.
El Ministerio de Agricultura, encabezado por el ministro Indalecio Dangond, y el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, justificaron la medida tras una revisión técnica y jurídica que detectó serias deficiencias en la delimitación de las APPA. Entre los hallazgos se encontraron imprecisiones cartográficas, problemas de coordinación con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipales y cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en el proceso de declaración de estas áreas. Dangond fue contundente al calificar la política del gobierno anterior como una medida absurda que arrebataba funciones a los alcaldes y entidades locales. “Los dejamos nuevamente para que sean ellos los que decidan cómo hacer los POT y orienten la producción agrícola y pecuaria de sus municipios”, declaró el ministro, en un claro respaldo a la autonomía territorial.
Un millón de hectáreas liberadas
La derogatoria impacta directamente a un total de 59 municipios en los departamentos de Tolima, Santander, La Guajira, Cundinamarca, Antioquia y Córdoba. Solo en Tolima, la medida libera 48.000 hectáreas distribuidas en ocho municipios, mientras que en Santander son 84.000 hectáreas las que quedan sin la protección especial, concentradas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. El Ministerio de Agricultura aseguró que, pese a la eliminación de las APPA, no se modifican las disposiciones ambientales vigentes, las categorías de protección del suelo rural ni los instrumentos de ordenamiento territorial ya establecidos. Además, el Gobierno reiteró que mantiene su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho humano a la alimentación, aunque ahora bajo un esquema diferente.
«Con las decisiones adoptadas, y los procesos que avanzan en los territorios, el Gobierno restablece la autonomía de las autoridades municipales para orientar el ordenamiento rural, definir sus apuestas productivas y tomar decisiones sobre el uso del suelo, en articulación con sus comunidades y de acuerdo con sus realidades económicas, sociales y agropecuarias.»
Ministerio de Agricultura, comunicado oficial
Esta postura del Ejecutivo se da en un contexto jurídico particular. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-364 de 2026, ya había declarado constitucionales las APPA, pero condicionó su declaración, modificación o eliminación a un proceso efectivo de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella implementó su derogatoria antes de que se emitiera dicho fallo, pero el Ministerio sostiene que sus acciones no solo restituyen la autonomía municipal, sino que se alinean con el espíritu de la sentencia al permitir que los municipios decidan sobre su ordenamiento rural. Organizaciones como la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) han respaldado esta línea de pensamiento, señalando que “los municipios deben tener una oportunidad real de influir en las decisiones, sus observaciones deben valorarse de manera efectiva y motivada, y deben considerarse sus POT y particularidades locales”.
El ministro Dangond también aprovechó para trazar la nueva ruta de la política de desarrollo rural, afirmando que esta debe evitar enfrentar la agricultura y la ganadería con otras actividades económicas. En su lugar, propuso identificar las oportunidades de cada región y promover decididamente la transformación agroindustrial, un giro que deja atrás el modelo de protección centralizada que representaban las APPA. Con esta decisión, el Gobierno devuelve a los alcaldes y concejos municipales la facultad de definir el uso del suelo rural, en lo que constituye uno de los cambios más significativos en la política agropecuaria del país en los últimos años.
