El Ministerio de Educación ha puesto bajo revisión al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) tras detectar graves fallas en la cadena de custodia de exámenes, riesgos tecnológicos y una acumulación alarmante de acciones de tutela. La ministra Ilva Myriam Hoyos, acompañada por el viceministro Álvaro José Cifuentes, realizó una visita a las instalaciones del organismo y presidió una reunión de su junta directiva, tras la cual ordenó un diagnóstico integral que abarca desde la seguridad de las pruebas hasta posibles irregularidades administrativas y contractuales.
El diagnóstico reveló que el Icfes ha acumulado 1.276 acciones de tutela durante 2026, mientras que la plataforma tecnológica Prisma, encargada de gestionar los procesos de evaluación, presenta deficiencias críticas por la falta de un responsable único. La ministra también señaló que tres pisos del inmueble actual están subutilizados y que la entidad carece de un jefe en su Oficina Jurídica, lo que dificulta la atención de los requerimientos legales. Además, denunció obstáculos para garantizar el acompañamiento de personas con discapacidad durante las evaluaciones, una situación que calificó como inaceptable en términos de inclusión educativa.
Pérdida de confianza y politización del organismo
En un tono severo, la ministra Hoyos advirtió que el Icfes ha perdido la confianza pública y se ha politizado, distanciándose de su misión original como aliado estratégico en la mejora de la calidad educativa. “El Icfes debe recuperar su lugar como aliado en las acciones dirigidas a mejorar la calidad educativa”, afirmó la funcionaria, al tiempo que instruyó a la directora encargada, Maribel Castro, y al viceministro Cifuentes para que los hechos que puedan representar una falta o un delito sean informados a las autoridades competentes, que pueden ser la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, según la naturaleza de cada irregularidad.
«El Icfes debe recuperar su lugar como aliado en las acciones dirigidas a mejorar la calidad educativa»
Ilva Myriam Hoyos, ministra de Educación
La revisión incluye un análisis detallado de la cadena de custodia de los exámenes, especialmente de las pruebas Saber 11, que en su última aplicación movilizaron 10.000 contenedores y evaluaron a 650.000 estudiantes. La ministra también ordenó revisar el contrato de arrendamiento del inmueble y la planta de personal, bajo criterios de austeridad en el gasto público. Como parte de la reestructuración, el Gobierno prioriza la reactivación de las pruebas censales para los grados tercero, quinto, séptimo y noveno, suspendidas desde 2017, así como el diseño de una nueva línea base para Saber 11 que incluya estándares internacionales y un componente socioemocional.









