JEP imputa a mayor retirado por tortura a indígenas arhuacos en Cesar

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al mayor retirado del Ejército Hernán Carrera Sanabria por el crimen de guerra de tortura contra los indígenas arhuacos Amado y Vicente Villafañe Chaparro, y remitió a siete exintegrantes de la fuerza pública a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por no reconocer responsabilidad en el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de tres mamos arhuacos. Los hechos que rodearon esta decisión judicial se remontan al año 1990, cuando los líderes espirituales se dirigían a Bogotá para participar en la Asamblea Nacional Constituyente en defensa de sus derechos étnicos, en un contexto de estigmatización por la utilización del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de las antiguas Farc-EP para esconder armas y personas secuestradas.

La JEP imputó a Carrera Sanabria, quien reconoció su responsabilidad, y deberá presentar una propuesta de reparación orientada a recuperar el Cerro Inarwa, sitio sagrado del pueblo arhuaco. Los siete exmilitares remitidos a la UIA, que no aceptaron su participación en los crímenes, son el general (r) Juan Salcedo Lora, los coroneles (r) Luis Fernando Duque Izquierdo y Rafael Mejía Roa, el mayor (r) Luis Fernando Urrego Ávila, Álvaro Matallana Eslava, el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo y Cosme García Camacho. Como no reconocieron responsabilidad, sus procesos continuarán por la vía adversarial. Además, la JEP expulsó a Daniel Rivera Rincón por investigaciones penales por delitos presuntamente cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz.

El camino hacia la verdad y la justicia

La investigación de la JEP reconstruyó los hechos basándose en la estigmatización de los pueblos indígenas y la participación de hacendados y empresarios del Cesar en los crímenes. Las víctimas directas mencionadas en el caso son cinco indígenas arhuacos: Amado y Vicente Villafañe Chaparro, quienes fueron torturados, y Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hughes Chaparro, quienes fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. Tras 36 años de los hechos, la justicia busca esclarecer lo ocurrido y responder a las demandas de verdad, justicia y reparación de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los lugares de cautiverio identificados fueron una casa en la Plaza Alfonso López de Valledupar y la hacienda ganadera Bethania en El Copey, Cesar. En esta última se encontraron restos óseos humanos, lo que motivó el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación. Dos de los remitidos, el coronel Duque y el capitán Fernández, ya habían sido sancionados con destitución por la Procuraduría General de la Nación y sus investigaciones cerradas en la Justicia Penal Militar. La JEP también abrió un incidente de condicionalidad por incumplimientos en el deber de aportar verdad, ya que las víctimas consideraron insuficientes y falsos algunos aportes de los comparecientes.

Reparación y expulsión del sistema

La decisión de la JEP marca un hito en el esclarecimiento de estos crímenes, que involucraron a miembros de la fuerza pública y a civiles. La remisión a la UIA implica que los procesos de los siete exmilitares continuarán por la vía adversarial, donde se deberá determinar su responsabilidad. Por otro lado, la expulsión de Daniel Rivera Rincón del sistema de justicia transicional responde a que sus presuntos delitos fueron cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz, lo que lo excluye de la jurisdicción especial. La JEP busca con estas acciones garantizar que los responsables rindan cuentas y que las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta obtengan la reparación que exigen.

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