La presidenta de Corficolombiana, Ana Milena López, advirtió que el aumento desmedido de procesos de consulta previa está generando retrasos significativos y dificultades para la ejecución de grandes proyectos en Colombia, al tiempo que pidió reglas más claras que permitan proteger los derechos de las comunidades sin bloquear la inversión. La alerta fue conocida por Blu Radio y pone en evidencia una situación que, según López, ha ido escalando en los últimos años, con un incremento notable en la cantidad de proyectos que deben someterse a este mecanismo de participación, originalmente concebido para garantizar los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes ante obras que puedan afectarlas directamente.
Entre 2020 y 2026 ingresaron 283 proyectos nuevos a procesos de consulta previa, una cifra que supera en más del doble el promedio observado entre 2005 y 2015. De acuerdo con el análisis de Corficolombiana, por cada billón de pesos invertidos se registran cerca de seis proyectos nuevos que requieren consulta, lo que refleja una dinámica que califican como insostenible. Alejandro Burgos, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, reconoció que el procedimiento está “completamente desbordado”, en gran parte porque durante la administración anterior se multiplicaron de manera “ilógica” las comunidades reconocidas en las direcciones de Asuntos Indígenas y Comunidades Negras. Además, la Agencia Nacional de Tierras adjudicó terrenos a comunidades en zonas cercanas a importantes proyectos de infraestructura, como ocurrió en el Meta, cerca de las exploraciones de SierraCol Energy.
La consulta previa es un mecanismo que debe aplicarse cuando una obra puede afectar directamente a comunidades indígenas o afrodescendientes, con el objetivo de identificar impactos, concertar medidas y proteger sus derechos. Sin embargo, la falta de coordinación institucional y el incremento de comunidades reconocidas han llevado a situaciones extremas, como las que describió Burgos: “Tuvimos que visitar más de 120 comunidades y, de esas, solo dos se incluyeron en el proceso consultivo”, dijo en relación con el proyecto Sirius, un descubrimiento de gas en el Caribe colombiano que requirió una orden judicial para verificar la incorporación de comunidades costeras y pesqueras. Ya fue expedida una resolución que establece la ruta metodológica, aunque Burgos señaló que algunas comunidades podrían no estar de acuerdo con la decisión.
Proyectos afectados y propuestas de solución
López mencionó dos casos emblemáticos: el proyecto Sirius, de gas, y Colectora, una línea de transmisión para energías renovables que ha involucrado consultas con más de 260 comunidades. “Las consultas no se pueden volver una extorsión para que los proyectos se hagan”, afirmó la presidenta de Corficolombiana, quien aclaró que agilizar los procedimientos no significa eliminar las garantías de participación ni debilitar la protección ambiental. La entidad propone definir criterios estables para saber cuándo aplicar la consulta, fortalecer la capacidad del Estado para tramitarlas y evitar procesos repetidos sin justificación. El llamado es a encontrar un equilibrio que permita avanzar en proyectos estratégicos sin vulnerar los derechos de las comunidades.
