El enfrentamiento entre el expresidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, revive las profundas diferencias que rodearon la negociación con las Farc
Mientras el Gobierno defiende su política de seguridad, crecen las preguntas sobre el futuro de la implementación del Acuerdo, las garantías para los firmantes y la posibilidad de construir nuevos escenarios de paz
Por Equipo de Redacción LA VEINTITRÉS
Colombia vuelve a encontrarse frente a una discusión que parecía pertenecer a los capítulos más intensos de su historia política reciente: el alcance, los resultados y la vigencia del proceso de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.
Esta vez, el detonante fue el intercambio de declaraciones entre el expresidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, una confrontación que trascendió las diferencias personales y puso nuevamente sobre la mesa dos visiones opuestas sobre la manera de enfrentar el conflicto armado y alcanzar la paz.
La controversia comenzó con los cuestionamientos de Santos a la forma como el presidente Abelardo de la Espriella comunica los resultados de las operaciones militares. El exmandatario expresó su preocupación por las imágenes del jefe de Estado caminando entre cadáveres de integrantes de grupos armados y por la firma de bombas utilizadas en operaciones militares.
Para Santos, esas actuaciones pueden enviar un mensaje equivocado sobre el ejercicio de la autoridad y recordar prácticas del pasado que el país intentó superar, particularmente aquellas relacionadas con la presión por presentar resultados operacionales y el fenómeno de los falsos positivos.
La respuesta llegó desde el Ministerio del Interior. Alejandro Ordóñez, quien durante su trayectoria como procurador fue uno de los principales opositores al proceso de negociación con las Farc, cuestionó duramente al expresidente.
El ministro afirmó que Santos se preocupaba por la manera como el actual Gobierno comunica sus operaciones militares, pero no por lo que, a su juicio, significó el Acuerdo de La Habana para la institucionalidad colombiana. También lo señaló de haber sido complaciente con la guerrilla y de actuar como defensor de los victimarios.
La confrontación tuvo una nueva respuesta del expresidente, quien recordó que durante la negociación sus contradictores anunciaron que el Acuerdo convertiría a Colombia en otra Venezuela, que entregaría el país a las Farc y que representaría un pacto de impunidad.
Santos sostuvo que diez años después se repiten esas narrativas y rechazó que se responsabilice al Acuerdo por el deterioro de la seguridad. A su juicio, la situación actual responde, entre otros factores, a la implementación incompleta de lo pactado y a la ausencia de una política efectiva de seguridad.
Dos visiones que siguen dividiendo al país
El intercambio vuelve a evidenciar que el debate sobre la paz no ha logrado convertirse en un consenso nacional.
Para sus defensores, el Acuerdo de 2016 representó la oportunidad de poner fin a la confrontación con la guerrilla más antigua del continente, abrir espacios de participación política y comenzar a transformar territorios históricamente abandonados por el Estado.
Para sus críticos, los compromisos de justicia transicional, las condiciones de reincorporación y las garantías otorgadas a los antiguos combatientes no respondieron suficientemente a las exigencias de justicia de las víctimas ni evitaron la persistencia de las estructuras armadas ilegales.
Las dos posiciones forman parte de una discusión legítima en democracia. Sin embargo, el problema aparece cuando la controversia política termina desplazando las preguntas fundamentales sobre los resultados, los compromisos pendientes y las responsabilidades del Estado.
Diez años después de la firma, el país todavía tiene enormes dificultades para convertir los compromisos del Acuerdo en transformaciones verificables en las regiones.
Las advertencias que llegan desde Naciones Unidas
El panorama tiene otros elementos que merecen atención.
En su más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo, correspondiente al periodo entre junio y septiembre de 2026, Naciones Unidas advirtió sobre dificultades de financiación para la reincorporación de los excombatientes, problemas de seguridad en los territorios y retrasos en componentes de la Reforma Rural Integral.
El organismo internacional destacó que más de 11.000 antiguos integrantes de las Farc continúan vinculados al proceso de reincorporación, pero insistió en que su sostenibilidad económica y las garantías de seguridad son fundamentales para evitar que se reproduzcan las condiciones de violencia.
También expresó preocupación por los asesinatos de firmantes de paz y los riesgos que enfrentan líderes sociales y comunidades en regiones afectadas por el conflicto.
A ello se suma una decisión reciente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El 30 de octubre renovó por un año el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, pero aceptó que el seguimiento internacional dejara de incluir la Reforma Rural Integral y se concentrara en la reincorporación de los firmantes y las garantías de seguridad.
La decisión introduce un cambio importante en el acompañamiento internacional al Acuerdo y plantea interrogantes sobre los mecanismos que garantizarán el seguimiento de uno de sus componentes estructurales.
La pregunta que va más allá de Santos y Ordóñez
El enfrentamiento entre el expresidente y el ministro puede tener una lectura política inmediata, pero sus implicaciones van mucho más allá de sus protagonistas.
La discusión ocurre cuando Colombia enfrenta la persistencia de organizaciones armadas, disputas por el control territorial, economías ilegales y comunidades que siguen esperando condiciones reales de seguridad.
En ese escenario, el país necesita establecer si la respuesta institucional se limitará a fortalecer las operaciones militares o si estará acompañada de una estrategia integral que incluya presencia estatal, inversión social, justicia, protección de las comunidades y cumplimiento de los compromisos de paz.
La experiencia de los últimos años demuestra que la desmovilización de una organización armada no significa automáticamente el fin de la violencia. Tampoco permite concluir que la negociación haya fracasado por la sola persistencia de otros grupos ilegales.
El desafío consiste en evitar que las diferencias políticas terminen convirtiendo la paz en una política de gobierno y no en una responsabilidad de Estado.
Diez años después de la firma del Acuerdo, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación; los firmantes necesitan garantías para continuar en la legalidad, y las comunidades rurales reclaman que la presencia institucional no se limite a los momentos de confrontación armada.
La pregunta de fondo es si Colombia está dispuesta a preservar lo alcanzado, corregir lo que no ha funcionado y construir una estrategia que permita superar definitivamente la violencia.
Porque mientras los dirigentes vuelven a enfrentarse por lo que ocurrió en La Habana, en buena parte del territorio nacional la discusión no es histórica ni ideológica: es una cuestión cotidiana de supervivencia, seguridad y esperanza.
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