En una intervención que marca un giro en la política de protección a excombatientes, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, compareció este 12 de noviembre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para anunciar que su cartera priorizará las medidas de seguridad solo para aquellos comparecientes que actúen dentro del marco de la legalidad y la Constitución. Durante la audiencia pública, la primera de su tipo en el nuevo gobierno, Ordóñez también reveló que endurecerá las sanciones por irregularidades en los esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y responsabilizó directamente a la política de Paz Total del gobierno anterior por el incremento de los cultivos de coca y la expansión de grupos armados en el país.
El ministro, reconocido opositor histórico del Acuerdo de Paz de 2016, señaló que las actuales medidas disciplinarias contra quienes abusen de los esquemas de protección son insuficientes. Propuso aumentar las sanciones por irregularidades en la entrega de estos beneficios, calificando las vigentes como medidas “sin protección alguna frente a la gravedad de sus atrocidades y más de carácter simbólico”. En su alocución, Ordóñez dejó claro que el cumplimiento de las sanciones propias, como el trabajo comunitario, debe ser riguroso y anunció que su ministerio coordinará esfuerzos gubernamentales y territoriales para garantizarlo.
Críticas al Acuerdo de La Habana y la Paz Total
El jefe de la cartera política fue contundente al referirse al contexto de violencia que enfrentan los firmantes de paz. Según Ordóñez, la política de Paz Total, que disolvió los esfuerzos estatales en materia de seguridad, se tradujo “en el escalamiento de poder criminal en esas mismas regiones”. Sostuvo que dicha estrategia multiplicó la coca hasta cerca de trescientas mil hectáreas, una cifra que contrasta con las 261.000 hectáreas contabilizadas por la ONU al 31 de diciembre de 2024. Además, citó datos de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa que, a julio de 2026, registraban 29.000 integrantes en grupos armados organizados, una cifra que, en sus palabras, “quizás cercano a la que tuvo las Farc en su mayor despliegue terrorista”. “La paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades”, afirmó.
El ministro, quien asumió su cargo en el gobierno de turno, fue aún más allá al afirmar que “el origen de esta deplorable situación está en la base misma del acuerdo de La Habana, un acuerdo mal hecho, mal diseñado, que nos han llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal”. En su diagnóstico, vinculó la inseguridad de los comparecientes ante la JEP al fracaso de las políticas de paz del gobierno anterior, mencionando informes de la ONU y la Defensoría del Pueblo que han documentado los riesgos para excombatientes y firmantes.
“La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución. Desde el Ministerio […] vamos señores magistrados a dar prioridad a las medidas de seguridad que se requieran para que los perpetradores de los más graves violaciones de derechos humanos e infractores del derecho internacional humanitario paguen por sus delitos”
Alejandro Ordóñez, ministro del Interior
La comparecencia de Ordóñez ante la JEP generó controversia, pues el funcionario encargado de la protección de comparecientes cuestionó el marco legal que sustenta dicha protección. El ministro también mencionó a “la estructura armada y las milicias bolivarianas” como parte de la amenaza criminal que hoy enfrentan los territorios. Con estas declaraciones, el Gobierno busca cumplir con obligaciones de derechos humanos y con la implementación del acuerdo de paz, pero atribuye la crisis de seguridad a las decisiones del ejecutivo anterior, abriendo un nuevo frente de debate sobre el rumbo de la política de posconflicto en Colombia.









