La educación obligatoria en Colombia pasaría de 10 a 14 años si prospera el Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026, una reforma constitucional que ya superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La iniciativa, denominada «De preescolar a Once», modifica el artículo 67 de la Constitución para ampliar el rango de edad obligatorio de 5 a 15 años actual, a un nuevo espectro que va desde los 3 hasta los 17 años. De esta forma, se incorporarían como obligatorios los niveles de prejardín, jardín y transición, así como los grados décimo y undécimo de educación media. El proyecto es liderado por el representante Daniel Felipe Bernal, ponente por Cundinamarca, acompañado por el coponente Gabriel Becerra, y ahora debe continuar su trámite en la plenaria de la Cámara para un segundo debate, con la meta de superar ocho debates en total antes de convertirse en ley.
Una reforma para frenar la deserción escolar
La necesidad de esta reforma surge de cifras alarmantes en cobertura y permanencia educativa. De cada 100 estudiantes que iniciaron primero de primaria en 2013, solo 55 lograron llegar a undécimo grado en 2023, una tasa de deserción que evidencia la urgencia de garantizar la continuidad en el sistema. La cobertura neta de educación media se ha mantenido por debajo del 50% en los años analizados, mientras que la cobertura de educación inicial en 2025 alcanzó apenas el 72,24%. A esto se suman profundas brechas territoriales: departamentos con una cobertura media del 74% al 80% contrastan con zonas de la Amazonía y la Orinoquía, donde el acceso oscila entre el 10% y el 20%. Los factores detrás de esta deserción incluyen la necesidad de trabajar, responsabilidades de cuidado, la distancia a instituciones que ofrecen educación media y la poca conexión de la oferta académica con las expectativas de los jóvenes.
Progresividad y retos de implementación
La obligatoriedad del preescolar no será inmediata, sino que se aplicará de forma progresiva según las condiciones de oferta y cobertura de cada entidad territorial certificada, priorizando las zonas con mayores faltantes. Para que el acceso sea exigible, el proyecto contempla la necesidad de ampliar infraestructura, planta docente, transporte escolar, alimentación, cupos en áreas rurales, internados y modelos flexibles para jóvenes trabajadores, población con discapacidad, comunidades étnicas y víctimas del conflicto. También se requieren docentes especializados, conectividad, laboratorios, bibliotecas, orientación vocacional y una articulación efectiva con el Sena, instituciones técnicas y universidades. Los recursos para financiar esta ambiciosa reforma provendrían del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Participaciones (SGP), aunque el alcance material de la iniciativa dependerá de las normas que se expidan posteriormente, las asignaciones presupuestales y los planes con metas concretas de cobertura y calidad. El camino legislativo continúa ahora en la plenaria de la Cámara, donde se espera un intenso debate sobre los tiempos y las condiciones para hacer realidad la educación obligatoria desde los tres años hasta la graduación de bachiller.
