El profesor Wilson Rodríguez, economista de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) de la Universidad de La Sabana, propone un incremento del salario mínimo para 2027 del 8,4%, calculado con base en la inflación observada, que se sitúa en el 6,3%, más un componente de productividad laboral cercano al 2%. Rodríguez advierte que aumentos desligados de la productividad encarecen el empleo, amplían la informalidad y presionan los precios, por lo que califica esta cifra como “sensata” desde una mirada técnica. La mesa tripartita de concertación, integrada por Gobierno, gremios y sindicatos, iniciará las discusiones el 18 de noviembre de 2026 y tiene como plazo máximo para un acuerdo el 15 de diciembre del mismo año, antes de que el nuevo salario entre en vigor el 1 de enero de 2027.
El salario mínimo vigente en 2026 se fijó en $1.750.905 sin auxilio de transporte, o $2.000.000 con este beneficio, tras un incremento del 23,7% decretado para ese año. Las posturas actuales están fuertemente distanciadas: los gremios empresariales proponen un alza de entre el 7% y el 9%, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) planteó inicialmente un 38,5%, argumentando la necesidad de añadir 32 puntos porcentuales para alcanzar un salario mínimo vital. Rodríguez considera que esta brecha constituye un “abismo técnico” que hace prever que, salvo una sorpresa mayúscula, el incremento terminará siendo definido por decreto presidencial antes del 30 de diciembre.
Los riesgos de un aumento desmedido
El economista advierte que incrementos no alineados con la productividad pueden tener consecuencias graves para la economía colombiana. Según cálculos atribuidos al Banco de la República, cada punto porcentual de aumento del salario mínimo eleva el gasto fiscal en un 0,04% del Producto Interno Bruto. Además, señala que casi la mitad de los ocupados en Colombia gana menos de un salario mínimo, lo que significa que ya están por fuera del sistema formal. Rodríguez cita experiencias internacionales en Venezuela, Argentina y Turquía, donde incrementos salariales sin respaldo productivo generaron hiperinflación, espirales de precios y precarización laboral. También alerta sobre el impacto del fenómeno de El Niño, cuyos efectos transitorios en la inflación de alimentos y energía no deberían, en su opinión, utilizarse como base para un aumento permanente del salario mínimo. “Si usamos esa subida temporal para fijar el salario mínimo de todo el año, lo que hacemos es convertir un problema pasajero en un costo laboral permanente”, afirmó.
“Desde una mirada técnica, el número sensato debería rondar el 8,4%, que es la suma básica de la inflación observada más la productividad laboral”
Wilson Rodríguez, profesor de economía de la EICEA de la Universidad de La Sabana
El economista recuerda que en Colombia 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente un salario mínimo, según datos del DANE, pero que el universo de ocupados que reciben menos de esa cifra es aún mayor. El efecto en el bolsillo de los hogares dependerá de si los precios de alimentos, transporte, alquileres y créditos suben al mismo ritmo o por encima del ajuste salarial. La discusión, que se anticipa compleja, tendrá lugar en un escenario donde la formalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del país.









