En el marco de una audiencia pública nacional convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para hacer seguimiento a las medidas cautelares que protegen a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, la consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, afirmó este 12 de noviembre de 2026 que el Gobierno Nacional aplicará recortes presupuestales en todas las entidades públicas, incluida la propia JEP, y pidió una revisión exhaustiva de los 170 billones de pesos gastados en la implementación del acuerdo durante los últimos diez años.
La intervención de Morales se dio en respuesta a los cuestionamientos del magistrado Roberto Salazar, quien preguntó de manera específica por las asignaciones presupuestales destinadas a la protección de los comparecientes, manejadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). La funcionaria aclaró que no representa a la UNP, pero reconoció que deben existir recursos para esa tarea, aunque advirtió que el país atraviesa una crisis fiscal que obliga a tomar decisiones difíciles.
Austeridad fiscal y revisión de gastos
Morales explicó que el Ejecutivo expidió el decreto mediante el cual quedó en firme el Presupuesto General de la Nación, concentrando los esfuerzos en superar las fallas estructurales señaladas por la Corte Constitucional en 2022. «Habrá recortes presupuestales en todos los programas; los tenemos que asumir de esa manera», afirmó la consejera, quien añadió que las asignaciones presupuestales deben existir, pero acompañadas de austeridad fiscal. En ese sentido, pidió revisar el destino de los 170 billones de pesos ejecutados durante tres gobiernos desde la firma del acuerdo en 2016, pues consideró que «no se podrá seguir en ese ritmo, en algunos asuntos en que quedaron líneas muy opacas sobre estos gastos que se realizaron».
«El Ejecutivo expidió el decreto mediante el cual quedó en firme el Presupuesto General de la Nación… Concentramos nuestros esfuerzos en superar las fallas estructurales, señaladas por la Corte Constitucional en 2022».
Viviane Morales, consejera comisionada de Paz
Precisiones sobre la «petrificación»
Durante el intercambio, la consejera aclaró el término «petrificación presupuestal» que había mencionado inicialmente, señalando que lo correcto es hablar de «petrificación en la implementación», en referencia a las obligaciones del acuerdo y al margen de decisión de cada gobierno. La funcionaria insistió en que los recortes deben acompañarse de medidas contra la corrupción y de una mayor eficiencia administrativa. La audiencia pública continuó con el análisis de las medidas de protección y las obligaciones de las distintas entidades estatales frente a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, en un escenario marcado por la restricción fiscal y la necesidad de transparencia en el uso de los recursos.









