JEP niega aplazamiento a Sandra Ramírez y la cita virtual por reclutamiento de menores

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de aplazamiento presentada por Sandra Ramírez Lobo Silva, viuda del extinto comandante de las Farc-EP, Manuel Marulanda Vélez, alias «Tirofijo», por lo que deberá comparecer de manera virtual el próximo viernes 13 de noviembre para rendir su segunda versión voluntaria en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento de menores y las violencias sexuales cometidas por esa guerrilla. La decisión fue tomada por la magistrada Lily Rueda Guzmán, a cargo del despacho, quien desestimó la petición de la excombatiente de suspender la diligencia por 30 días hábiles.

La audiencia, que originalmente estaba prevista para el jueves 12 de noviembre, fue reagendada para el día siguiente. La JEP autorizó que la declaración se realice de forma remota, atendiendo a una evaluación de riesgo «extremo» emitida por la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre la compareciente. Esto no implica una imputación formal ni una declaración anticipada de responsabilidad, sino la continuación de la etapa de contrastación de la segunda estrategia investigativa del caso, que busca esclarecer los máximos responsables de los crímenes contra la niñez en las filas de la extinta guerrilla.

Los alcances de la declaración

La magistratura busca que Sandra Ramírez amplíe y contraste información sobre su trayectoria dentro de las Farc-EP, sus responsabilidades y su posible conocimiento de los hechos ocurridos en la vida intrafilas contra los menores. También se indagará sobre el alcance de su influencia dentro de la organización, derivada de su relación sentimental con el máximo comandante de la guerrilla. Hasta ahora, las víctimas han cuestionado la versión de Ramírez, quien durante su primera intervención manifestó no haber tenido acceso a las comunicaciones de los mandos ni haber participado en reuniones nacionales y de bloques, limitándose a describir labores como el cuidado de animales y la construcción de trincheras, una versión que las organizaciones de víctimas califican de insuficiente y evasiva.

«Ese nerviosismo que usted tiene es mínimo al miedo con el que vivimos las víctimas que hemos denunciado lo que ustedes hicieron».

Sara Morales, víctima de reclutamiento y violencia sexual.

Durante el proceso, las víctimas acreditadas podrán presentar preguntas y demandas de verdad. Sara Morales, representante de 380 víctimas en el caso, ha sido una de las voces más críticas con la actitud de Ramírez. «El cinismo de Sandra Ramírez sigue», señaló Morales, quien además cuestionó el proceder de la JEP. «En vez de hacer nuestros estudios de seguridad y llegar al fondo de estas amenazas, nos ven a las víctimas como victimarios», afirmó, reflejando la tensión entre quienes denuncian los crímenes y el desarrollo del proceso judicial.

La magnitud del Caso 07

El Caso 07 de la JEP investiga los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las Farc-EP contra menores de edad reclutados forzosamente. En total, hay 11.277 víctimas acreditadas, de las cuales 2.250 son individuales y 9.027 son colectivas, estas últimas representadas a través de 5 pueblos indígenas y un consejo comunitario. La investigación ha identificado cuatro patrones de violencia contra los menores: tratos crueles, tortura, homicidios y juicios sin garantías; violencias reproductivas; violencias sexuales; y agresiones por prejuicios contra niños con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

Hasta la fecha, la JEP ha imputado a 26 exintegrantes de las Farc-EP como máximos responsables. En octubre de 2024, fueron imputados seis exmiembros del último Secretariado de la guerrilla, y en marzo de 2026, otros 20 excombatientes fueron llamados a rendir cuentas por responsabilidades regionales en el reclutamiento de menores. La información trasladada a Sandra Ramírez por la sala ha sido anonimizada para que pueda pronunciarse sobre los hechos, mientras se acerca a la etapa final de la contrastación de las pruebas en su contra, en un caso clave para establecer la verdad sobre el sufrimiento de los niños y niñas atrapados en el conflicto armado.

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