El Consejo de Estado negó la suspensión provisional solicitada por la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac) y ratificó la orden de trasladar a 347 pilotos civiles a Colpensiones. La providencia, adoptada el 27 de octubre de 2026, mantiene vigente la instrucción que la Superintendencia Financiera impartió el 4 de febrero del mismo año, en la que se ordenó a Caxdac normalizar la afiliación inicial de los aviadores. El alto tribunal consideró que la autoridad de control actuó dentro de sus competencias al identificar que la caja captaba y administraba afiliaciones de aviadores civiles por fuera de los regímenes que legalmente puede manejar.
La Superintendencia Financiera había detectado que Caxdac no tiene autorización general para administrar las pensiones de todos los aviadores civiles, ya que sus funciones se limitan al régimen de transición y a las pensiones especiales transitorias establecidas en los decretos 1282 y 1283 de 1994. Por eso, el organismo de control ordenó que las afiliaciones fueran trasladadas inicialmente a Colpensiones, aunque luego cada piloto podrá elegir otra administradora habilitada. Caxdac, creada antes de la Ley 100 de 1993, quedó limitada por esta normativa y los decretos posteriores que definieron su campo de acción.
La sostenibilidad de Caxdac en el centro del debate
Jorge Mario Medina, presidente de la junta directiva de Caxdac, defendió la solidez financiera de la entidad. Según sus declaraciones, la caja cuenta con un portafolio de 2,17 billones de pesos, lo que le permite garantizar el pago de pensiones hasta el año 2120. «Hoy contamos con un portafolio de 2,17 billones que podemos garantizar las pensiones y, en nuestros cálculos, han llegado a ser hasta el año 2120 para pagarle hasta el último de los afiliados, porque Caxdac es una caja cerrada», afirmó Medina. También advirtió que el traslado de los primeros pilotos generaría una alerta inicial de 217.000 millones de pesos.
«Caxdac no tiene problemas financieros en términos de viabilidad y sostenibilidad»
Jorge Mario Medina, presidente de la junta directiva de Caxdac
Medina recordó que, durante 32 años, Caxdac ha pagado las mesadas sin retrasos. Sin embargo, la orden del Consejo de Estado se fundamenta en que la caja está asumiendo funciones que no le corresponden, al administrar afiliaciones de pilotos que no pertenecen a los regímenes especiales autorizados por la ley. El artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a la Superintendencia Financiera para ordenar la suspensión inmediata de prácticas ilegales o no autorizadas, base sobre la cual actuó el organismo.
El Ministerio del Trabajo, por su parte, afirmó que la decisión no modifica las condiciones de acceso a la pensión ni el valor de las prestaciones de los trabajadores. La cartera coordinará el cumplimiento de la medida con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y Colpensiones. Cabe precisar que la orden del Consejo de Estado es una medida cautelar, no una sentencia definitiva sobre la legalidad de la orden administrativa, por lo que el caso aún podría tener desarrollos jurídicos adicionales.
