Gasto en arriendos de la DNI aumenta 44% pese a reducir sedes

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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se encuentra en el centro de una nueva controversia luego de que se revelara un aumento del 44 % en sus gastos de arrendamiento durante 2025, a pesar de haber reducido a la mitad el número de inmuebles bajo su custodia. La situación se agrava al coincidir con las denuncias del general (r) Eduardo Zapateiro sobre una presunta operación de infiltración a campañas presidenciales, conocida como Operación Grecia, y el supuesto uso ilegal de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para espiar a opositores políticos, militares retirados y periodistas.

La paradoja en los costos de los arriendos quedó evidenciada al comparar las cifras de 2024 y 2025. En 2024, la DNI pagó 1.472,7 millones de pesos por cuatro inmuebles en la ciudad de Bogotá, todos ubicados en la localidad de Teusaquillo. Sin embargo, un año después, con solo dos sedes operativas, el desembolso ascendió a 2.121,7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 649 millones de pesos. La entidad no ha explicado las razones de este crecimiento, limitándose a señalar, en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio, que “no se realizó una entrega técnica” durante el proceso de empalme de contratos.

Contratos millonarios sin justificación

Los registros indican que entre 2022 y 2026, la DNI erogó 8.361 millones de pesos solo en arrendamientos en la capital del país. Para 2026, ya se proyecta un gasto de 1.115,9 millones de pesos para un único inmueble. Contratos específicos de 2024 y 2025 para la sede de Teusaquillo suman 403,1 millones de pesos, aunque la autoridad de inteligencia insiste en que no tiene conocimiento de que estos espacios hayan sido utilizados para fines distintos a las labores de inteligencia y contrainteligencia.

“No se realizó una entrega técnica”

DNI, sobre el proceso de empalme de contratos

Mientras las cuentas generan interrogantes internos, el escándalo político se intensifica con la denuncia formal presentada por el general (r) Eduardo Zapateiro ante la Fiscalía. En su escrito, el excomandante del Ejército revela una presunta operación sistemática para infiltrar todas las campañas presidenciales de 2022, con el objetivo de favorecer el proyecto de izquierda del Gobierno de Gustavo Petro. Según el informe, del cual se conoció un documento reservado, los operadores habrían utilizado información de seguridad para acercarse a los candidatos, logrando penetrar incluso en equipos de campaña de distintos sectores políticos.

Zapateiro mencionó en su denuncia a varios presuntos implicados: Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, de la DNI; el empresario catalán Manuel Grau, amigo personal del presidente Petro; el expolítico independentista Xavier Vendrell; y el especialista en ciberseguridad Ramón Devesa González. La única campaña que la DNI no habría logrado infiltrar fue la de Abelardo de la Espriella, para lo cual los agentes intentaron usar información sobre presuntos riesgos contra su vida. Por el contrario, la campaña de Paloma Valencia fue calificada como la más fácil de penetrar debido a su apertura a numerosos colaboradores.

“Gravedad reviste la presunta utilización de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyos recursos y capacidades de inteligencia financiera habrían sido desviados de sus finalidades legales para obtener información personal, financiera, telefónica, notarial, migratoria y patrimonial de personas consideradas incómodas para el Gobierno de Gustavo Petro”

Eduardo Zapateiro, general (r) del Ejército, en denuncia ante la Fiscalía

El denunciante señaló directamente que su nombre aparece entre los objetivos de estas presuntas actividades ilegales, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos, periodistas y funcionarios públicos. La DNI, por su parte, afirmó que realizó una revisión administrativa tras el cambio de gobierno, pero no ha aclarado si los inmuebles arrendados fueron usados para el espionaje político que se le imputa. El cruce entre los incrementos injustificados en los arriendos y las graves acusaciones de infiltración y perfilamiento ilegal mantienen a la entidad en el ojo del huracán, mientras la Fiscalía evalúa las pruebas presentadas por Zapateiro.

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