Consejo de Estado rechaza tutela contra presidente por actos religiosos

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En una decisión que marca un precedente sobre los límites entre las convicciones personales y el ejercicio del cargo público, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó una acción de tutela que cuestionaba la participación del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en diversos actos religiosos. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo determinó que las manifestaciones de fe del jefe de Estado, líder del movimiento Defensores de la Patria, no vulneraron los derechos constitucionales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni tampoco los principios de laicidad y neutralidad del Estado colombiano.

La tutela había sido presentada por el ciudadano Román Camilo Díaz Fernández contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El accionante objetaba la participación del mandatario en eventos como la coronación de la Virgen de Fátima, realizada en el marco de la Gran Velatón por Colombia, un homenaje a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026. Asimismo, la demanda señalaba las visitas del presidente a la Sinagoga Bet-El, en Barranquilla, y al Centro Israelita de Bogotá, donde usó una kipá, además de sus expresiones como “¡Viva Cristo Rey!” en intervenciones públicas.

Libertad de conciencia vs. neutralidad estatal

Al analizar el caso, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que las expresiones religiosas del presidente están protegidas por las libertades de conciencia, cultos y expresión, siempre que no se conviertan en actuaciones oficiales que impongan una creencia. Sobre las visitas a las comunidades judías, el tribunal consideró que correspondían a un acompañamiento institucional y a la política diplomática entre Colombia e Israel, no a un privilegio religioso. Respecto a la polémica expresión “¡Viva Cristo Rey!”, la corporación señaló que forma parte de la esfera individual de los servidores públicos como ciudadanos, en la medida en que no se utilicen mecanismos coercitivos del Estado para imponerla.

“Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional”

Abelardo de la Espriella, presidente de la República

El mandatario celebró el fallo a través de su cuenta en la red social X, donde manifestó que “el Consejo de Estado estableció que, como Presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado”. En esa misma línea, De la Espriella recordó que “Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación”.

Recursos públicos bajo la lupa

Uno de los puntos más álgidos de la controversia se centró en el destino de los recursos públicos. La tutela cuestionó el uso de $326.407.833 destinados a la producción técnica y artística de la Gran Velatón por Colombia, dinero que fue ejecutado mediante el Convenio de Asociación 0958 de 2026, suscrito entre el Ministerio de las Culturas y la Corporación de Desarrollo Social Élite, entidad que a su vez contrató a 10 Audio S.A.S. para la realización del evento.

En respuesta a un derecho de petición inicial, el Ministerio de las Culturas afirmó el 30 de septiembre de 2026 que su intervención en la velatón no promovía un credo religioso y se limitó a un acompañamiento informativo. Sin embargo, el Consejo de Estado no halló prueba de que dicha respuesta hubiera sido enviada al correo del solicitante, por lo que ordenó al ministerio renotificar la información en un plazo de 48 horas. La tutela también había solicitado medidas como el retiro de publicaciones oficiales relacionadas con la procesión, petición que fue desestimada al considerar el tribunal que no se configuró una vulneración de derechos fundamentales.

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