**Déficit de 2.932 camas en salud mental en Bogotá tras ataques de 2026**

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Dos brutales ataques ocurridos en Bogotá durante 2026 sacudieron a la capital y pusieron en el centro del debate público la frágil capacidad de atención en salud mental que tiene la ciudad. Los casos de Josué Cubillos García, de 24 años, quien el 18 de abril atacó en el sector de Los Laches cerca al Instituto Roosevelt, y de Michael Felipe Santos Rodríguez, de 26 años, quien el 19 de agosto agredió a un policía en el CAI Galán de Puente Aranda, compartían un escalofriante denominador común: ambos agresores tenían antecedentes psiquiátricos diagnosticados. Cubillos padecía un trastorno psicótico y Santos vivía con esquizofrenia paranoide. Sus historiales no solo fueron clave en las investigaciones penales, sino que expusieron las profundas grietas de un sistema que, según fuentes oficiales y expertas consultadas en un reciente reportaje de Infobae Colombia, lucha por equilibrar la salud pública con la seguridad ciudadana, la legislación vigente y la desigualdad territorial en el acceso a los servicios.

La Secretaría Distrital de Salud ha sido enfática en advertir que contar con un diagnóstico psiquiátrico no convierte automáticamente a una persona en una amenaza para la sociedad. Sin embargo, el análisis de estos episodios obligó a una revisión exhaustiva de la oferta de servicios disponibles. Según datos oficiales, Bogotá dispone de 1.212 centros de consulta externa en salud mental y 45 que ofrecen servicio de hospitalización. Pero la realidad de las camas de internación pinta un panorama más complejo. Mientras la Secretaría reporta 2.237 camas privadas destinadas a salud mental y consumo de sustancias, la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, revela una cifra distinta al contabilizar 1.875 camas habilitadas, de las cuales apenas el 13,3 por ciento pertenecen a la red pública. “Solo el 13,3% pertenecen a la red pública”, denunció la concejal, quien añadió que este número de camas debe atender aproximadamente 45.600 hospitalizaciones al año. Sus cálculos, sin embargo, indican que la demanda potencial real asciende a 48.557 internaciones anuales, generando un déficit de 2.932 camas que deja a miles de pacientes sin posibilidad de recibir atención en un momento de crisis.

La radiografía de la desigualdad territorial

La brecha en la atención no solo se mide en números globales, sino en la distribución geográfica de los recursos. Mientras localidades como Usaquén cuentan con 197 centros de consulta externa y apenas seis camas de internación, y Chapinero dispone de 149 centros pero solo cuatro camas, en el extremo opuesto se encuentran territorios completamente desprotegidos. Sumapaz, por ejemplo, apenas tiene cuatro centros de consulta y cero camas para hospitalización. Localidades como Usme, Tunjuelito y La Candelaria sobreviven con entre nueve y trece centros de consulta, pero sin una sola cama de internación. Esta disparidad territorial implica que los pacientes de estas zonas, a menudo los más vulnerables, deben recorrer grandes distancias para acceder a una atención que, en muchos casos, no llega a tiempo. La propia Secretaría Distrital de Salud ha reconocido una carencia crítica de información: no cuenta con estadísticas consolidadas sobre el total anual de internaciones realizadas ni sobre los centros que atienden con mayor frecuencia casos de esquizofrenia, lo que dificulta cualquier planificación efectiva.

«No cualquier trastorno mental lo hace inimputable»

Laura Daniela Ramírez Franco, abogada penalista

La legislación colombiana, enmarcada en la Ley 1616 de 2013, la reciente Ley 2460 de 2025 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, establece con claridad que un diagnóstico psiquiátrico no basta para restringir la libertad de una persona. La abogada penalista Laura Daniela Ramírez Franco explicó que la hospitalización sin consentimiento debe ser evaluada por un profesional de la salud, ser temporal y estrictamente proporcional. En el ámbito penal, una persona con psicosis o esquizofrenia puede ser declarada inimputable si cumple con las condiciones clínicas y jurídicas establecidas, lo que deriva en medidas de seguridad como el internamiento en un centro psiquiátrico, atención ambulatoria o libertad vigilada, en lugar de una condena en prisión. La especialista fue tajante al afirmar que “no cualquier trastorno mental lo hace inimputable”, dejando claro que cada caso debe ser analizado de manera individual y rigurosa. Además, la familia de una persona en crisis no puede tomar la decisión de internarla por sí sola; debe acudir a la línea 123 y demostrar una amenaza comprobable para que las autoridades actúen.

Ante este escenario, la concejal Diana Diago ha hecho un llamado a una intervención integral que trascienda la mirada meramente asistencial. “La seguridad ciudadana se entrelaza con la salud pública”, afirmó la concejal, quien pidió reunir a las secretarías de Salud, Educación e Integración Social para abordar el problema de manera transversal. Diago también reflexionó sobre las limitaciones del conocimiento científico en esta materia: “La mente falta mucho por estudiarla. El tema del cerebro es algo que aún es muy desconocido”. Mientras tanto, la investigación del caso de Josué Cubillos, que incluyó el análisis de 35 horas de video, 45 fotogramas y ocho entrevistas, sigue siendo un espejo incómodo para un sistema que, como reconocen sus propios actores, aún está lejos de dar una respuesta oportuna y equitativa a quienes más lo necesitan. El modelo distrital de atención, denominado MAS Bienestar y enmarcado en el CONPES D.C. 34 (2023-2032), opera con Equipos Básicos Extramurales para la caracterización y derivación de pacientes, pero la evidencia de estos trágicos episodios sugiere que la red de protección aún tiene demasiados agujeros por los que se cuelan la enfermedad, la desesperación y, en el peor de los casos, la violencia.

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