El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a través de su Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, presentó un demoledor balance de los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella, comprendidos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026. En ese período, la violencia contra la población civil dejó cifras alarmantes: 45 líderes sociales asesinados —36 hombres y 9 mujeres, lo que equivale a un homicidio cada 2,2 días—, 8 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, todos hombres, y 26 masacres que cobraron la vida de 87 personas, entre ellas 5 menores de edad. El monitoreo propio de Indepaz, contrastado con fuentes oficiales como la Fiscalía, la Agencia para la Reincorporación y la Misión de la ONU, revela una realidad compleja que la organización aclara no puede atribuirse automáticamente a la administración actual ni a un solo grupo armado, sino que responde a conflictos territoriales de larga data que han golpeado con especial crudeza a departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Putumayo.
El informe, que cubre el periodo del 7 de agosto al 15 de noviembre de 2026, subraya que Cauca y Antioquia concentraron la mayoría de los asesinatos de líderes sociales, mientras que Valle del Cauca encabezó el número de masacres. De los 45 líderes asesinados, 24 pertenecían a liderazgos comunitarios y comunales. En cuanto a los firmantes de paz asesinados, Nariño y Cauca registraron dos cada uno, mientras que Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo reportaron uno por cada departamento. Además, se contabilizaron 6.667 personas desplazadas forzadamente durante agosto y septiembre, distribuidas en 17 eventos de desplazamiento, 13 de ellos masivos; el 63,7% de estos desplazamientos ocurrieron en medio de combates entre grupos armados. Cauca fue el departamento más afectado con 3.474 desplazados, equivalente al 52,1% del total, seguido de Chocó con 1.609, Antioquia con 739 y Bolívar con 424.
Cifras que revelan una crisis humanitaria
El panorama se completa con otros datos igualmente perturbadores. En el período analizado, 43 uniformados fueron asesinados y 219 resultaron heridos; se registraron 339 hechos catalogados como terrorismo hasta el 5 de noviembre y 8 bombardeos. Además, se documentaron 6 denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales en localidades como Bogotá, Santa Marta, La Macarena, Villa Rica, El Charco y Meta. Las masacres se distribuyeron de la siguiente manera: Valle del Cauca seis hechos con 18 víctimas, Tolima tres con 12 víctimas, Huila dos con 10 víctimas y Antioquia tres con 9 víctimas, entre otros.
«Indepaz utiliza para este conteo la definición de homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en condición de indefensión, cometido bajo circunstancias comunes de tiempo, modo y lugar.»
Indepaz
Indepaz reiteró que estos hechos no pueden ser atribuidos en su totalidad a una misma organización armada ni a decisiones del actual gobierno, sino que son el resultado de conflictos de larga data que han encontrado en los territorios un caldo de cultivo para la violencia. La organización insistió en la necesidad de fortalecer la presencia estatal y la protección de la población civil, especialmente en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. Los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan, según el informe, una estela de dolor que exige respuestas urgentes y una articulación efectiva entre las autoridades locales, nacionales y organismos internacionales para frenar la sangría que no cesa.








