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¿Es un fracaso la JEP?

Los muertos los sigue poniendo el pueblo. Una reflexión sobre la justicia, la paz y un país que parece condenado a repetir su historia

Por SAMUEL SALAZAR NIETO

Hay historias que no deberían ocurrir nunca. Y hay otras que, cuando finalmente se conocen, dejan una sensación de dolor, indignación y preguntas difíciles de responder.

En Dabeiba, Antioquia, durante varios años, campesinos y civiles fueron asesinados y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. No estaban en combate. No eran enemigos. Eran personas cuyas vidas terminaron convertidas en resultados operacionales para alimentar una guerra.

Entre 2002 y 2006 ocurrieron 18 hechos criminales que dejaron 35 víctimas directas. En estos crímenes estuvieron involucrados integrantes de los batallones de Contraguerrillas 26 y 79 del Ejército. Detrás de cada víctima había una familia, una historia y una vida que nunca regresó.

La investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permitió reconstruir lo ocurrido e identificar patrones criminales: campesinos señalados arbitrariamente de tener vínculos con la insurgencia; personas trasladadas bajo engaño desde Medellín y Turbo para ser asesinadas y presentadas como bajas en combate, y cuerpos ocultados en cementerios municipales para desaparecer las huellas de los crímenes.

El cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, terminó convertido en escenario de una de las investigaciones más dolorosas sobre los llamados falsos positivos.

Los aportes de verdad de los comparecientes permitieron recuperar allí 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada. De ellos, 18 han sido identificados y 17 entregados dignamente a sus familias.

Pasaron los años. Las familias buscaron respuestas. La verdad parecía enterrada junto con sus muertos.

El pasado 13 de noviembre llegó una nueva decisión judicial. Cinco antiguos integrantes del Ejército fueron declarados máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas. Tres oficiales y dos suboficiales reconocieron su responsabilidad y aportaron información sobre los crímenes.

Las sanciones impuestas oscilan entre cinco años y medio y seis años y medio. No son penas ordinarias de prisión. Los comparecientes deberán cumplir restricciones efectivas de derechos y libertades y participar en nueve proyectos restaurativos que incluyen reconstrucción de caminos y puentes, desminado humanitario, recuperación de memoria histórica, búsqueda de desaparecidos y proyectos productivos para las comunidades afectadas.

Las iniciativas se desarrollarán en distintos municipios de Antioquia y se extenderán hasta 2034.

Y aquí aparece la pregunta que seguramente muchos colombianos se hacen: ¿eso es justicia?

Para una madre que perdió a su hijo, para una familia que esperó dos décadas para conocer el destino de sus seres queridos, para una comunidad que tuvo que convivir con el silencio y la estigmatización, ¿resulta suficiente que los responsables reciban sanciones restaurativas y no penas ordinarias de prisión?

Es una pregunta legítima. No se puede exigir a las víctimas que entiendan fácilmente un modelo de justicia que permite que quienes participaron en crímenes tan atroces no terminen necesariamente tras las rejas.

Pero antes de responder conviene mirar el propósito de la justicia transicional y recordar por qué Colombia llegó a ella.

¿Qué era preferible para Colombia?

Los críticos de la JEP tienen argumentos que no pueden despacharse a la ligera. Recuerdan que los antiguos comandantes de las FARC recibieron diez curules garantizadas en el Congreso durante dos períodos legislativos. Cuestionan que quienes cometieron secuestros, reclutamientos, asesinatos y otros crímenes no hayan tenido que pagar sus responsabilidades con años de cárcel. Y ahora, frente a las sanciones restaurativas, vuelven a preguntarse si la justicia terminó siendo demasiado generosa con los responsables.

Es un debate legítimo. Pero quizás hace falta mirar el problema desde otra perspectiva.

¿Qué era preferible para Colombia? ¿Tener a esos antiguos comandantes impartiendo órdenes desde campamentos guerrilleros, con fusiles, explosivos y hombres armados bajo su mando, o verlos participando en la vida política, sometidos a las reglas de la democracia y obligados a responder ante la justicia por sus actuaciones durante la guerra?

Las diez curules no fueron una decisión de la JEP, sino una condición política del Acuerdo de Paz de 2016. La apuesta era abrirles un espacio en la democracia a quienes aceptaban abandonar la lucha armada. Que las ideas se defendieran con argumentos y votos, no con fusiles.

Y hay otra comparación que resulta inevitable, especialmente después de conocer la sentencia contra los cinco antiguos integrantes del Ejército en Antioquia.

¿Qué es más conveniente para una sociedad? ¿Que quienes hicieron parte de una organización guerrillera abandonen las armas y se reincorporen a la vida civil, o que continúen en la clandestinidad alimentando la guerra?

¿Y qué decir de quienes, teniendo el uniforme, la autoridad y las armas que les entregó el Estado para proteger a los ciudadanos, terminaron utilizándolas para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate?

Son responsabilidades distintas y no se trata de equipararlas. Pero hay un propósito común que debería convocarnos: romper el círculo de la violencia, establecer responsabilidades y evitar que los crímenes se repitan.

La paz no consiste en premiar a quienes dejaron las armas. Consiste en conseguir que nunca más tengan que utilizarlas para imponer sus ideas o ejercer violencia. Y eso tampoco significa que la reincorporación borre los delitos ni que el reconocimiento de responsabilidad sustituya el cumplimiento de las sanciones.

La verdad también tiene un precio

La historia de Dabeiba nos devuelve a otra pregunta: ¿qué habría pasado con esos 77 cuerpos sin la investigación de la JEP? ¿Habrían conocido las familias el destino de sus seres queridos? ¿Se habría establecido judicialmente la responsabilidad de estos cinco antiguos militares?

La justicia transicional nació precisamente de una apuesta distinta: obtener verdad, reconocer responsabilidades, reparar a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición. No es el mismo modelo de justicia ordinaria, ni sus sanciones pueden medirse exclusivamente con la vara de los años de cárcel.

Eso no significa que la JEP tenga un cheque en blanco. Sus resultados deben ser examinados, sus decisiones discutidas y, sobre todo, sus sanciones cumplidas.

Y aquí aparece otra controversia. A las críticas por las condenas y los beneficios concedidos a los comparecientes se suman los cuestionamientos por el supuesto derroche de recursos y el costo de mantener funcionando esta jurisdicción.

Para 2027, el presupuesto de la JEP recibió un recorte inicial de 170.000 millones de pesos, de los cuales 140.000 millones corresponden a inversión y 30.000 millones a funcionamiento. Al mismo tiempo, en el Congreso avanza un proyecto de reforma constitucional que busca anticipar el cierre de la JEP a marzo de 2028 y trasladar los procesos pendientes a la justicia ordinaria. La iniciativa ya superó su primer debate, pero todavía debe surtir el trámite constitucional completo.

La discusión sobre la austeridad y el uso de los recursos públicos es necesaria. Ninguna institución está por encima de la obligación de rendir cuentas. Pero hay una contradicción que merece examinarse: se le exige a la JEP que esclarezca los crímenes, escuche a las víctimas, adelante los juicios, encuentre a los desaparecidos y haga cumplir las sanciones, mientras se reducen los recursos previstos para su funcionamiento y se propone acortar su existencia.

¿Es demasiado costosa la búsqueda de la verdad? ¿Cuánto vale para el país encontrar a los desaparecidos, identificar a los responsables de los crímenes más atroces y devolverles a las familias la posibilidad de conocer qué ocurrió con sus seres queridos?

La JEP debe demostrar eficiencia y transparencia. Pero una cosa es exigir austeridad y otra debilitar la capacidad de una institución para cumplir la misión para la que fue creada.

Porque detrás de cada peso destinado a esta jurisdicción hay investigaciones, audiencias, equipos forenses, acompañamiento a las víctimas, protección de testigos y procesos que buscan esclarecer décadas de violencia.

La pregunta no debería ser solamente cuánto cuesta la JEP, sino también cuánto le costaría al país no conocer la verdad, dejar los crímenes sin esclarecer y trasladar miles de procesos a una justicia ordinaria que ya tiene sus propios problemas de congestión. Hay quienes aseguran que detrás de todo este objetivo de acabar con la JEP hay intereses que buscan evitar que cerca de 30 altos mandos que están vinculados a investigaciones puedan evadir la justicia tradicional.

Los muertos siempre los pone el pueblo

Hay otra reflexión que atraviesa las historias de Dabeiba y Tibú. En ambos escenarios, con responsabilidades y circunstancias muy diferentes, hay algo que se repite: los muertos los pone el pueblo.

Los campesinos humildes que terminan convertidos en falsos positivos, los jóvenes de familias trabajadoras que se incorporan a las Fuerzas Militares y terminan perdiendo la vida en enfrentamientos con grupos armados ilegales.

Es el mismo pueblo que los discursos políticos invocan con tanta frecuencia, que dicen defender y representar. El que pone sus hijos, su dolor y sus esperanzas en una guerra que parece no tener fin.

Mientras tanto, quienes tienen el poder económico, político y la capacidad de tomar decisiones sobre la confrontación no suelen poner a sus propios hijos en la primera línea. Los costos humanos de la guerra recaen, una y otra vez, sobre las familias que menos tienen y que menos capacidad poseen para decidir sobre ella.

Los hijos de los pobres terminan poniendo el cuerpo. Unos, como víctimas de quienes deberían protegerlos; otros, uniformados, enfrentando a quienes insisten en mantener viva la guerra.

Y sus familias, sin importar de qué lado ocurrió la tragedia, terminan compartiendo el mismo dolor: una silla vacía y una vida que no regresará.

Yo voté por la paz

Hay una imagen de estos días que tampoco quisiera dejar pasar.

En medio del dolor por el asesinato de cuatro militares en Tibú, Norte de Santander, Arnulfo Méndez, padre de Yair Jesús Méndez Bonza, uno de los uniformados muertos, le hizo un llamado al presidente de la República: «Bájele al discurso, señor presidente».

También pidió que parara esta tragedia que sigue dejando huérfanos, padres sin hijos y familias destrozadas: «Esto está bueno ya, ya no más, paremos esto ya».

No hablaba un dirigente político, ni un opositor, ni un analista del conflicto. Hablaba un padre que acababa de perder a su hijo. Un hombre que no quiere escuchar más promesas de ofensivas, retaliaciones o demostraciones de fuerza. Quiere que otros padres no tengan que vivir lo que él está viviendo.

Y es precisamente ahí donde quisiera poner esta discusión.

Muchos colombianos, entre los que me encuentro, no votamos en junio por un nombre, por un partido, en contra de un mal gobierno o en contra de la derecha. Votamos por la paz. Por la posibilidad de que este país dejara de enterrar a sus hijos, de que los jóvenes no tuvieran que escoger entre un fusil y un uniforme para terminar muriendo en una guerra interminable.

Votamos por la esperanza de que las diferencias políticas se resolvieran en las urnas, que los antiguos combatientes encontraran un lugar en la vida civil y que los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares pudieran cumplir su misión sin convertirse en víctimas de la violencia ni en protagonistas de crímenes contra la población que deben proteger.

No votamos para justificar a los violentos, ni para pasar por alto sus delitos. Tampoco para que la paz se convierta en sinónimo de impunidad. Votamos para que la justicia, la verdad y la reconciliación fueran posibles sin que tuviéramos que seguir contando muertos.

No votamos para que los hijos del pueblo siguieran poniendo los muertos mientras otros administran la guerra desde sus escritorios, sus privilegios y sus discursos. Votamos para que la vida dejara de ser el precio de las diferencias políticas y de las ambiciones de poder.

La historia de Dabeiba y la tragedia de Tibú nos recuerdan que la guerra sigue cobrando vidas. Que sus consecuencias no distinguen entre familias de civiles, soldados o antiguos combatientes. Y que, una vez más, son las familias colombianas las que cargan con el dolor.

La paz no puede ser una consigna de campaña, una bandera de un partido ni una promesa que se abandona cuando cambian los gobiernos. Tiene que ser un propósito nacional. Y exige tanto firmeza para enfrentar a quienes persisten en la violencia como voluntad para construir caminos que permitan abandonarla.

La JEP no es perfecta, ni sus resultados están por encima del escrutinio público. Pero tampoco se puede juzgar su existencia exclusivamente por los años de prisión que reciben los responsables o por los recursos que demanda su funcionamiento. Hay que examinar también la verdad que ha permitido conocer, las víctimas que ha escuchado, los cuerpos que ha ayudado a recuperar y las responsabilidades que ha establecido.

Después de conocer lo ocurrido en Antioquia, de escuchar a las familias de las víctimas y de recordar el clamor de un padre que acaba de perder a su hijo en el Catatumbo, vuelvo a la pregunta inicial:

¿Es un fracaso la JEP?

¿O el verdadero fracaso sería que, después de tantas décadas de guerra, tantas víctimas, tantos acuerdos y tantos intentos de reconciliación, Colombia todavía no haya aprendido a escoger la vida por encima de las armas?

sos/

Columna de opinión

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