Congresistas del Centro Democrático, con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentaron un proyecto de ley que busca poner freno a los cobros indebidos en los avalúos catastrales que han disparado el impuesto predial en todo el país. La iniciativa, radicada en julio de 2026, establece topes claros y solicita la derogación de varias resoluciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que habrían generado incrementos desmedidos en detrimento de los propietarios, campesinos y ciudadanos en general. Los congresistas ponentes Óscar Darío Pérez, Gregorio Orjuela Pérez, Rafael Nieto Loaiza y Claudia Margarita Zuleta, junto al representante Daniel Briceño, han sido los principales impulsores de esta medida que cuenta además con el apoyo del gobernador de Santander, Juvenal Díaz.
La propuesta legislativa unifica disposiciones de la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019, y establece reglas precisas: el avalúo catastral no podrá superar el 50% del valor comercial del inmueble, mientras que la nueva liquidación del impuesto predial no podrá exceder en más del 30% el cobro del año anterior, salvo que se presenten modificaciones físicas o económicas en la propiedad. La iniciativa también exige metodologías técnicas verificables con acceso a la ficha catastral, y extiende restricciones a la sobretasa ambiental, de modo que el recaudo no aumente directamente por un nuevo avalúo sino conforme a la variación anual del impuesto.
Uno de los ejes centrales de la controversia son las resoluciones 1912 y 2144 de 2024 y la 2057 de 2025 del IGAC, que ordenaron reajustes catastrales en 527 municipios y que, según los denunciantes, habrían producido incrementos confiscatorios. El representante Daniel Briceño ha liderado la petición para que el Gobierno derogue estos actos administrativos antes del 31 de diciembre, pues de lo contrario los municipios usarían esos valores para la facturación del impuesto predial de 2027. “Le seguimos pidiendo al gobierno de De la Espriella que derogue los actos administrativos que le dieron vida a los injustos avalúos catastrales antes del 31 de diciembre. No podemos permitir que los alcaldes vuelvan a facturar el predial bajo estas reglas”, afirmó Briceño en un video difundido en redes sociales. En otra declaración, el congresista fue más allá: “Yo creo que los ciudadanos en todo el país no aguantan más un año pagando el injusto impuesto predial que se les ha sido impuesto a través de una actualización catastral absolutamente ilegítima, mal calculada, confiscatoria y expropiatoria”.
Respaldo de Uribe y voces críticas
El expresidente Álvaro Uribe respaldó la iniciativa el pasado 16 de noviembre a través de su cuenta en X, donde escribió: “Congresistas del Centro Democrático insistirán con el Gobierno y los otros partidos en la aprobación del proyecto para aliviar la pesada carga de los avalúos catastrales que en muchas partes del país son confiscatorios”. Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, destacó la gestión regional para mitigar el impacto. “Petro golpeó el bolsillo de los colombianos con los avalúos catastrales, pero en Santander dimos ejemplo en el manejo del impuesto predial”, declaró Díaz, quien atribuyó la reducción del impacto en su departamento a la coordinación entre la Gobernación y el IGAC. “Fuimos pioneros en trabajar este tema a nivel nacional. Algunos descuentos han sido hasta del 90%”, agregó, en referencia a los beneficios aplicados en 34 municipios santandereanos que favorecieron a más de 97.000 familias.
“Congresistas del Centro Democrático insistirán con el Gobierno y los otros partidos en la aprobación del proyecto para aliviar la pesada carga de los avalúos catastrales que en muchas partes del país son confiscatorios”
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
“Le seguimos pidiendo al gobierno de De la Espriella que derogue los actos administrativos que le dieron vida a los injustos avalúos catastrales antes del 31 de diciembre. No podemos permitir que los alcaldes vuelvan a facturar el predial bajo estas reglas”
Daniel Briceño, representante a la Cámara
Los alcances del proyecto y el llamado a la acción
La iniciativa plantea que las reglas no se aplicarán a lotes urbanizables no urbanizados, lotes urbanizados no construidos ni a inmuebles que ingresen por primera vez al catastro. Además, el proyecto ha recibido el respaldo de la Fundación para el Estado de Derecho (Fedecolombia), que interpuso una acción de nulidad contra la Resolución 2057 del IGAC, debido a que los incrementos automáticos habrían producido avalúos por encima del valor comercial en algunos predios. Daniel Briceño ha invitado a otros congresistas a suscribir la comunicación dirigida al Gobierno para suspender o derogar las resoluciones, ante la urgencia de que antes del 31 de diciembre se evite que los alcaldes vuelvan a facturar el predial bajo estas reglas. De no lograrse la derogación, los municipios usarán esos valores para la liquidación de 2027, lo que podría replicar los incrementos confiscatorios que en algunos casos alcanzaron hasta el 1000%, según denunció el mismo representante.









