El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) firmó el 30 de enero de 2026 cinco nuevos convenios directos por un valor total de 15.142 millones de pesos, todos vinculados al programa de Cocinas Tradicionales. La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Eva Ferrer, declaró ante la Procuraduría que se negó a aprobar una propuesta similar en 2022 por considerar su costo desproporcionado –estimó que cada beneficiario costaría 24 millones de pesos– y aseguró que la ex primera dama Verónica Alcocer intervino en la gestión de los recursos. Las declaraciones de Ferrer, junto con una investigación de la revista Cambio, han puesto bajo la lupa la transparencia en la asignación de los contratos y las conexiones entre los proveedores del programa.
De los cinco convenios firmados en enero de 2026, tres suman 10.000 millones de pesos y están directamente relacionados con el programa de cocinas tradicionales, mientras que los otros dos ascienden a 5.142 millones. Las fundaciones beneficiadas fueron la Fundación Significarte (4.073 millones), Finsocial (1.429 millones), la Fundación para el Progreso y Bienestar Social del Caribe (3.000 millones), Prolnnova (5.140 millones) y Fudeco (1.571 millones). El proyecto general, identificado con el código BPIN terminado en 173, recibió entre 2023 y 2026 un total de 45.900 millones de pesos, de los cuales 37.519 millones corresponden a 14 convenios con fundaciones. La Procuraduría investiga las denuncias, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó observaciones el 29 de mayo de 2026 solicitando precisiones sobre metas, costos y distribución territorial.
Los antecedentes del programa y la denuncia de Ferrer
El programa de Cocinas Tradicionales comenzó con el convenio 259-24, suscrito el 20 de mayo de 2024 entre el Dapre y la fundación Finsocial, por un valor inicial de 2.050 millones de pesos que luego se elevó a 3.052 millones. En ese convenio se pagaron 1.266 millones a proveedores, 129 millones a la Fundación Caribe, 56 millones en honorarios a Víctor Alfonso Villafañe –quien después apareció como representante de Prolnnova– y 29 millones a Stephanie María Vargas, luego representante de Fudeco. Eva Ferrer, quien renunció a su cargo el 14 de noviembre de 2023, declaró ante la Procuraduría el 27 de octubre de 2026 que a finales de 2022, en un restaurante de Barranquilla, Verónica Alcocer le presentó a Alex Quessep y Jerry Anne Certain, vinculados al programa. Ferrer se negó a aprobar la propuesta por considerar que el costo era desproporcionado: 450.000 dólares para atender a 80 personas, lo que arrojaba un valor de 24 millones de pesos por beneficiario. En su declaración, también mencionó que Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, participó en reuniones sobre los proyectos.
“Jamás ha autorizado a nadie para hacer negocios en su nombre”.
Verónica Alcocer, a través de su abogado Ricardo Gaviria
Alcocer admitió conocer a Alex Quessep desde su juventud, pero negó haber promovido la financiación pública de los proyectos o haber tenido contacto con los contratistas de los convenios de 2026. Sin embargo, las conexiones contractuales son evidentes: el convenio original con Finsocial incluía pagos a proveedores que luego aparecen como representantes de las fundaciones que recibieron los nuevos contratos. La liquidación del programa se produjo en julio de 2026, pero las investigaciones continúan. En total, el proyecto BPIN benefició inicialmente a 80 personas, luego a 120, con 98 talleres, 1.980 estudiantes y 360 familiares. El valor público estimado de los 14 convenios ligados al BPIN asciende a 32.800 millones de pesos.









