La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, Óscar Augusto Toro Lucena, por el delito de prevaricato por acción. La audiencia de imputación de cargos fue fijada para el jueves 19 de noviembre a las 2:30 de la tarde en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección del magistrado Felipe Mendoza Rojas. El auto que convocó a la diligencia fue emitido el pasado 4 de noviembre de 2026, y en ella la Fiscalía presentará los elementos materiales de prueba que sustentan la investigación contra el funcionario judicial.
El caso que originó la investigación contra Toro Lucena no ha sido revelado públicamente, pero se enmarca en una presunta comisión del delito de prevaricato por acción, es decir, la emisión de una decisión contraria a la ley de manera consciente y voluntaria. El fiscal investigado tiene competencia para investigar y acusar a jueces, fiscales de menor rango y funcionarios del CTI con fuero regional, lo que le otorga un perfil de alto nivel dentro de la estructura de la Fiscalía General de la Nación.
Una trayectoria judicial marcada por casos emblemáticos
Óscar Augusto Toro Lucena no es un nombre desconocido en el ámbito judicial colombiano. En la década de 1990 integró el grupo de fiscales sin rostro que asumió la investigación del denominado Proceso 8000, el escándalo que examinó el ingreso de dineros del narcotráfico, principalmente del Cartel de Cali, a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano en 1994. Aquella investigación derivó en condenas contra el tesorero de campaña Santiago Medina y el jefe de debate Fernando Botero Zea, y marcó un hito en la lucha contra la corrupción política en el país.
A lo largo de su carrera, Toro Lucena se ha desempeñado en la Dirección Seccional Guainía-Vaupés y en la Fiscalía Sexta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. También fue representante de los funcionarios ante la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía y trabajó como profesional de la Personería de Bogotá. Ahora, el mismo sistema judicial que ayudó a construir enfrenta su caso, en una audiencia que será seguida de cerca por los estamentos jurídicos del país.









