Con una brecha histórica entre las propuestas de los gremios y los sindicatos, y en medio de un panorama económico marcado por una inflación que duplica la meta del Banco de la República, el próximo 18 de noviembre de 2026 se instalará formalmente la mesa tripartita para concertar el aumento del salario mínimo que regirá para 2027. La discusión, que se llevará a cabo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, reúne al Gobierno nacional, a los empresarios representados por el Consejo Gremial, la Andi y Fenalco, y a las centrales obreras encabezadas por la CUT. Las partes inician el debate con posturas extremadamente distantes, que van desde un incremento máximo del 9,5% propuesto por los gremios hasta un 38,5% exigido por los sindicatos, lo que anticipa una negociación compleja en la que están en juego el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad del empleo formal.
El salario mínimo vigente para 2026 se fijó en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, para un total de 2.000.000 de pesos. Este incremento, del 23,7%, fue decretado por el Gobierno ante la falta de acuerdo con los gremios, y desde entonces ha sido objeto de críticas por parte del sector empresarial. La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, señaló que las advertencias que hicieron en ese momento sobre los riesgos para el empleo, la inflación y la sostenibilidad empresarial se han visto respaldadas por los indicadores actuales. «Nuestra posición es clara: el incremento que se concierte —o que deba fijarse en ausencia de acuerdo— no debería superar la suma de inflación más productividad. Una cifra responsable debe proteger el ingreso real sin poner en riesgo el empleo, la sostenibilidad empresarial o el crecimiento», afirmó Gutiérrez, quien también destacó que detrás de cada negocio que lucha por sobrevivir hay empleos, familias y proyectos de vida en riesgo.
Cifras de inflación y productividad definirán la negociación
El proceso de concertación tendrá dos hitos clave que determinarán el rango de la discusión. El Dane divulgará el dato de productividad laboral el 30 de noviembre, mientras que la inflación de noviembre se conocerá el 5 de diciembre. Hasta octubre de 2026, la inflación anual se ubicó en 6,30%, más del doble de la meta del 3% que persigue el Banco de la República. Con este escenario, los analistas estiman que el incremento propuesto por los gremios, de entre un 8% y un 9%, llevaría el salario básico a un rango de entre 1.890.977 y 1.908.486 pesos. Por su parte, la CUT plantea un aumento del 38,5%, que dejaría el salario entre 2.424.003 y 2.425.003 pesos, una cifra que los empresarios consideran insostenible.
El exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, intervino en el debate público al proponer que el aumento se limite a la suma de inflación más productividad, una regla que, según él, el Banco de la República utiliza para sus proyecciones. «Quien trabaja tiene derecho a que el salario le rinda. Mi posición para 2027: inflación más productividad, la regla con la que el Banco de la República hace sus proyecciones. Ni un punto por cálculo político, lo ponga quien lo ponga», afirmó Oviedo. El exfuncionario también advirtió que Colombia enfrenta dos mundos del trabajo: el de los asalariados, cuyas remuneraciones totales crecieron un 14,3% en el segundo trimestre de 2026, y el de los trabajadores independientes, cuyo ingreso mixto apenas aumentó un 4,6%, una brecha que refleja la fragilidad del mercado laboral.
«Siempre hemos defendido mejores ingresos para los trabajadores. Pero el bienestar no puede medirse únicamente por el porcentaje de aumento del salario mínimo: debe reflejarse en poder adquisitivo, empresas sostenibles, más oportunidades de empleo formal y una economía capaz de crecer»
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
Impacto fiscal y riesgo de informalidad en la mira
El debate sobre el salario mínimo trasciende la mera fijación de un ingreso, pues sus consecuencias se extienden a las finanzas públicas y al mercado laboral. Un informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ya advirtió que el incremento del 23,7% decretado para 2026 elevó el déficit fiscal en al menos 5,3 billones de pesos en ese año y generará un impacto estructural de 8 billones de pesos anuales a partir de 2027. Esta advertencia cobra especial relevancia en un contexto en el que la informalidad laboral alcanza al 55% de los trabajadores colombianos, la más alta entre los países de la Ocde. El Banco de la República, por su parte, ha señalado una desaceleración de la ocupación y una menor demanda de trabajadores, lo que sugiere que un aumento elevado podría desincentivar la creación de empleo formal.
Según datos del Dane, aproximadamente 2,4 millones de trabajadores en Colombia ganan el salario mínimo, lo que convierte esta negociación en un asunto de gran sensibilidad social. Si las partes no logran un acuerdo antes del 15 de diciembre, el Gobierno Nacional deberá expedir un decreto antes del 30 de diciembre para fijar el incremento, que entraría en vigencia el 1 de enero de 2027. Natalia Gutiérrez insistió en que el bienestar de los trabajadores no puede medirse únicamente por el porcentaje de aumento, sino que debe reflejarse en poder adquisitivo real, empresas sostenibles y más oportunidades de empleo formal. En un escenario marcado por la alta inflación, la presión fiscal y una informalidad que no cede, la mesa de concertación enfrenta el reto de encontrar un punto de equilibrio que evite tanto un golpe a la economía como un deterioro en la calidad de vida de millones de colombianos.









