La periodista y analista política Sofía Casas radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, por la presunta vulneración de los derechos de Lucía de la Espriella, hija menor de edad del presidente Abelardo de la Espriella. El motivo de la queja es la publicación que hizo la congresista en su cuenta de la red social X el pasado 15 de noviembre, donde compartió un video en el que aparece la adolescente de 15 años junto a otras jóvenes a bordo de una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena.
En la publicación, Carrascal acompañó el video con el mensaje: “¿La hija de Abelardo de la Espriella con las amigas de fiesta en una lancha de la Armada Colombia?”. Para la periodista Casas, esta acción identificó públicamente a la menor y la vinculó con una presunta irregularidad sobre el uso de bienes públicos, sin contar con elementos concluyentes que lo respalden, lo que constituiría una violación al artículo 44 de la Constitución Política, que establece la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como al artículo 15, que protege la intimidad personal y familiar. La queja fue radicada el mismo día de la publicación y no constituye una decisión de fondo ni una declaración de responsabilidad en contra de la congresista.
La defensa del control político
Al día siguiente de la controversia, el 16 de noviembre, la representante Carrascal defendió su actuación a través de la misma red social, argumentando que se trata de un ejercicio legítimo de control político sobre el uso de recursos públicos. “Si ella está en un evento público usando bienes públicos, todos y todas tenemos derecho a preguntar, no a ella, sino a quienes tienen competencia. Si todo es tan normal, pues respondan con normalidad a los cuestionamientos, no con ramplonería y grosería, tampoco con ataques coordinados, con bots, con miles de cuentas, con decenas de videos de influenciadores”, escribió la congresista en su cuenta de X.
«Si ella está en un evento público usando bienes públicos, todos y todas tenemos derecho a preguntar, no a ella, sino a quienes tienen competencia. Si todo es tan normal, pues respondan con normalidad a los cuestionamientos, no con ramplonería y grosería, tampoco con ataques coordinados, con bots, con miles de cuentas, con decenas de videos de influenciadores»
María Fernanda Carrascal, Representante a la Cámara
En una respuesta dirigida al vocero del Gobierno, Miller Soto, quien había señalado que el transporte marítimo obedecía a las condiciones de ingreso y salida del lugar del festival, Carrascal amplió su crítica: “Yo solo digo, Miller Soto, que cada vez más se les cae el discursito de la austeridad en medio de una reconstrucción que, a tres meses del terremoto, no ha empezado para los damnificados, pero sí para quienes devengan altos salarios en un fondo inoperante y para la primera dama que no rinde cuentas sobre las donaciones, pero no para de viajar, hasta con Abelardo en bikini desde San Andrés; ahora la hija de ambos con las amigas de fiesta haciendo uso de bienes públicos”. La congresista también insistió en otras posibles irregularidades al preguntar: “¿Cómo estará el uso de las aeronaves? Al día de hoy no me han querido responder sobre información que, a todas luces, es de interés público. Así que seguiré insistiendo. Tengo clarísimo que la hija del expresidente tenía prohibido subir otros menores de edad, ni siquiera con autorización de sus padres”.
La queja disciplinaria, que invoca además artículos de la Ley 1098 de 2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia, solicita a la Procuraduría la preservación y verificación del video original, así como una evaluación sobre la posible afectación a los derechos de la menor. También pide que se revise la información divulgada sobre sus actividades, desplazamientos o condiciones de protección, y que, de ser necesario, se solicite información reservada a las autoridades de seguridad sin divulgar detalles operativos. Finalmente, se plantea la posibilidad de remitir el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que examine la adopción de medidas de protección. En sus argumentos, Carrascal mencionó el caso de Antonella Petro como un antecedente sobre el tratamiento de menores de edad en controversias públicas.









