JEP imputa crímenes de guerra a 18 militares y policías por violencia sexual durante el conflicto

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 exintegrantes de la Fuerza Pública, entre ellos el brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, por su presunta responsabilidad en violencias basadas en género contra la población civil durante el conflicto armado colombiano. Los hechos, ocurridos entre 1978 y 2016, incluyen violencia sexual, esclavitud, desplazamiento forzado, homicidios, desaparición forzada y tortura, cometidos directamente o en alianza con grupos paramilitares en regiones como Tibú, La Gabarra, Tame, Puerto Gaitán y otras zonas del país.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, se documentaron 565 casos de violencias basadas en género, con 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. De estas, 738 víctimas están acreditadas en el Subcaso 2 del Caso 11 ante la JEP. La investigación identificó dos patrones de macrocriminalidad: ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes, donde las violencias sexuales fueron utilizadas como mecanismos de humillación, castigo, terror y expulsión; y agresiones como formas de apropiación sexual, reproductiva y doméstica, facilitadas por la presencia y control territorial de la Fuerza Pública.

Detalles de la imputación

Entre los 18 imputados se encuentran 16 miembros del Ejército y dos de la Policía, incluyendo a los coroneles retirados Víctor Hugo Matamoros Rodríguez y Francisco Sanmiguel Guzmán, los mayores retirados Mauricio Llorente Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vásquez, Daladier Rivera Jácome y James Alberto Granada Carmona, el soldado retirado José Misael Valero Santana, y el capitán retirado de la Policía Reinaldo Rincón Rojas. En Tibú, entre mayo y diciembre de 1999, se registraron al menos 208 asesinatos, 158 desapariciones forzadas, 48 víctimas de tortura, más de 50 víctimas de violación, esclavitud sexual y violencia sexual, y más de 2.000 desplazados. En Puerto Gaitán, entre 2002 y 2004, 22 niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron sometidas a servidumbre y esclavitud por parte de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, con omisión del capitán retirado Rincón Rojas.

Los 18 comparecientes tienen un plazo de 15 días hábiles para reconocer total o parcialmente los crímenes imputados o no aceptar responsabilidad. Dependiendo de su decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad determinará si el proceso continúa por la ruta dialógica o se remite a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. El brigadier general retirado Bravo Silva ya había sido mencionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 1999 y retirado del servicio activo por presunta vinculación con omisiones en las masacres de La Gabarra.

Contexto de los hechos

Este caso, priorizado bajo el Caso 11 de la JEP, busca esclarecer las violencias basadas en género en el conflicto armado colombiano. Los hechos investigados incluyen masacres como La Cabuya en 1998, la incursión de Los Masetos entre 1991 y 1992, ataques en Chiscas en 2003, y violencia sexual y asesinatos de niñas y niños en Tame en 2010. La imputación subraya la responsabilidad de la Fuerza Pública no solo por acciones directas, sino también por omisiones en sus deberes de prevención y control, como en el caso de Tame, donde fueron llamados por omisión el coronel retirado Francisco Sanmiguel Guzmán y el mayor retirado James Alberto Granada Carmona por incumplir sus deberes frente a un oficial condenado por la justicia ordinaria.

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