Ante la Asamblea Departamental se evaluaron los avances y las dificultades en la atención y reparación de las víctimas
La Mesa Departamental de Participación pidió convertir estas actividades en una política institucional mediante una ordenanza
Más de 168.000 personas víctimas del conflicto armado están registradas en Caldas, una población que continúa enfrentando barreras y desafíos en materia de atención, reparación integral, vivienda y garantías de no repetición.
Esta fue una de las principales cifras y reflexiones que dejó la jornada de socialización realizada ante la Asamblea Departamental, en la que diferentes instituciones presentaron un balance sobre la implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prorrogada mediante la Ley 2078 de 2021.
El encuentro permitió revisar los avances, dificultades y oportunidades de la política pública de atención a las víctimas, así como el funcionamiento de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas.
En la jornada participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno de Caldas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Procuraduría Regional de Instrucción y la Unidad de Restitución de Tierras.
Un llamado a mantener a las víctimas en el centro
El diputado David Islen Ramírez García insistió en la necesidad de que las víctimas continúen ocupando un lugar prioritario en las decisiones públicas y reclamó mayor compromiso del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales.

El corporado expresó su preocupación porque, según manifestó, todavía existen actores políticos y sociales que desconocen la importancia de construir el futuro del país teniendo como prioridad a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, destacó la articulación entre las diferentes dependencias e instituciones del departamento para avanzar en los compromisos establecidos en el Plan de Acción Departamental.
El funcionario señaló que el trabajo institucional busca garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Olimpiadas por la Vida y por la Paz, una propuesta de institucionalización
Uno de los planteamientos presentados durante la jornada fue el de convertir las Olimpiadas por la Vida y por la Paz en una iniciativa institucionalizada mediante una ordenanza departamental.
La propuesta fue expuesta por Ludirlena Pérez Carvajal, coordinadora de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas, quien presentó un balance favorable de la implementación de la política pública, aunque reconoció que persisten barreras y compromisos que requieren seguimiento.

“Hoy pudimos identificar retos, barreras, pero también oportunidades para la población que representamos. También presentamos la solicitud de que las Olimpiadas por la Vida y por la Paz no sean simplemente unas actividades, sino que se institucionalicen mediante una ordenanza”, manifestó.
La representante también señaló la necesidad de avanzar en compromisos relacionados con vivienda y medio ambiente, además de definir las acciones que deben desarrollarse en concordancia con el Plan de Acción Territorial y el Plan de Desarrollo Departamental.
La Mesa Departamental espera contar con el respaldo del gobernador Henry Gutiérrez Ángel y de su equipo de trabajo para sacar adelante esta iniciativa.
La jornada dejó sobre la mesa un desafío para las instituciones departamentales: traducir los compromisos y los espacios de participación en acciones concretas que permitan mejorar las condiciones de vida de las víctimas del conflicto armado en Caldas.
Prensa Asamblea Departamental









