La Corte Constitucional tumbó dos de las restricciones más controversiales de la Ley 2494 de 2025, conocida como la Ley de Encuestas, al declarar inconstitucional el llamado “periodo de silencio” que impedía publicar sondeos electorales hasta tres meses antes de la inscripción de candidaturas, así como la obligación de entregar a los organismos de control los números telefónicos de los encuestados y el código para reproducir la selección de muestras en hogares. La decisión, dada a conocer la noche del martes 17 de noviembre pero que corresponde a la sentencia C-168 de 2026, fechada el 3 de junio de ese año, modifica sustancialmente el panorama para la divulgación de mediciones de intención de voto en Colombia.
La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Meneses, quien encontró que ambas restricciones vulneraban derechos fundamentales como la libertad de información, la intimidad y el hábeas data. El magistrado Vladimir Fernández salvó parcialmente su voto, al considerar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí debería conservar el acceso a los números telefónicos y al código de selección muestral para poder verificar metodologías, mientras que Jorge Enrique Ibáñez presentó una aclaración de voto. La sentencia examinó los artículos 5 y 12 de la ley demandada y concluyó que el período de silencio creaba un lapso excesivamente extenso sin acceso público a mediciones de preferencias electorales, lo cual restringía de manera desproporcionada el derecho ciudadano a estar informado durante la etapa preelectoral.
Anonimato de encuestados y datos sensibles
Uno de los puntos centrales de la decisión fue la protección de la identidad de quienes participan en los sondeos. En el numeral 151 de la sentencia, la Corte señaló que “la expectativa de anonimato de parte del encuestado desaparece” cuando se exige la entrega de datos personales como los números telefónicos. Además, en el numeral 156, el alto tribunal consideró que esos números “poco aportan a la confiabilidad de la encuesta”, por lo que su recolección resultaba innecesaria y vulneraba la intimidad. La Corte también determinó que las preferencias electorales son datos sensibles con protección constitucional, por lo que cualquier obligación de revelar información personal de los encuestados debía ser estrictamente justificada, algo que no encontró en la norma examinada.
Frente a los riesgos asociados a la publicación de encuestas, la magistratura subrayó en el numeral 136 que estos deben enfrentarse con “mayor información disponible”, rigor estadístico y diversidad de fuentes, y no mediante la imposición de silencios o la entrega de datos personales. La sentencia mantiene vigentes las exigencias técnicas para la elaboración y publicación de encuestas, así como la obligación de entregar al CNE el código para procesar la información y calcular resultados. El ente electoral sigue siendo el encargado de la auditoría, pero ahora deberá realizarla con información anonimizada y el resto de los documentos técnicos, sin acceder a los números telefónicos de los encuestados.
“La norma establecía un ‘periodo de silencio general en la etapa preelectoral’”
Corte Constitucional, numeral 133 de la sentencia C-168 de 2026
La decisión de la Corte tiene impacto directo en el calendario electoral de cara a las elecciones regionales previstas para el 31 de octubre de 2027. Las encuestadoras ya no tendrán que esperar tres meses antes de la inscripción de candidatos para preguntar por intención de voto, lo que permitirá un flujo más constante de información pública sobre las preferencias del electorado. Organizaciones especializadas en estudios de opinión celebraron el fallo, aunque advirtieron que la discusión sobre la regulación de las encuestas y su eventual influencia en los procesos electorales probablemente continuará en el Congreso. La sentencia C-168 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, queda así como un hito en la jurisprudencia electoral colombiana.








