Un video que circula en redes sociales ha generado controversia en el municipio de Suaza, Huila, al mostrar el momento en que un uniformado del Departamento de Policía Huila abre una ventana e introduce una bolsa en el interior de una vivienda durante un allanamiento judicial. La grabación despertó sospechas sobre una posible implantación de pruebas falsas, luego de que una mujer que habita el lugar reclamara que el elemento hallado no le pertenece.
Ante la difusión de las imágenes, el Departamento de Policía Huila emitió un comunicado oficial en el que informó que abrió una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos. “La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Huila, se permite informar a la opinión pública que se identificó un video que circula en redes sociales”, señaló la institución, que además reiteró su compromiso con la transparencia y advirtió que “será inflexible con quienes se aparten del cumplimiento de su deber”.
«Se observa a un uniformado de la institución adelantando un procedimiento judicial en el que se evidenciaría una actuación contraria a la ética y la doctrina institucional».
Departamento de Policía Huila
La investigación deberá establecer la procedencia de la bolsa introducida, las condiciones en que se desarrolló el allanamiento y la responsabilidad de los funcionarios participantes. El caso ha reavivado el debate sobre la legalidad de los procedimientos policiales y la necesidad de garantizar el debido proceso en este tipo de operativos.
Capturan a militares por cobro de viáticos falsos en Cúcuta
En un hecho paralelo, aunque no relacionado con el caso de Suaza, se conoció que un capitán y seis suboficiales del Ejército Nacional fueron capturados e imputados por presuntamente cobrar viáticos con informes de desplazamientos falsos en un batallón de Cúcuta, Norte de Santander. La maniobra fraudulenta, que se habría cometido entre enero y abril de 2025, generó una afectación de 10,35 millones de pesos a los recursos públicos.
Los procesados fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Durante las audiencias, ninguno aceptó los cargos y se les impusieron medidas no privativas de la libertad, por lo que continuarán el proceso en libertad.









