Este miércoles 18 de noviembre de 2026, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, instaló formalmente la mesa de negociación del salario mínimo para el año 2027, dando inicio al proceso anual que reúne a trabajadores, empresarios y Gobierno Nacional para definir el ajuste salarial. El acto de instalación, que tuvo lugar en la mañana de ayer, contó con la presencia de representantes de las centrales obreras, los gremios del sector privado y los Ministerios de Trabajo y Hacienda, así como de organizaciones invitadas como la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), liderada por Claribet Palacios García, Sintrahop, la Asociación Trabajar, Sintra Emagra y Sintra Emprusa. La metodología de la negociación se mantiene fiel a la tradición, tomando como referentes técnicos la inflación causada y la productividad media del trabajo, y se prevé que las sesiones formales se desarrollen tentativamente entre el 25 y 26 de noviembre, luego de encuentros preparatorios con universidades, investigadores y centros de pensamiento.
Una negociación con nuevos actores y plazos definidos
La instalación de la mesa marca el arranque de un proceso que debe concluir antes del 30 de diciembre, fecha límite establecida por ley para fijar el incremento salarial en caso de que no haya consenso entre las partes. Este año, la negociación busca ampliar su participación a organizaciones de trabajadoras domésticas, mototaxistas, repartidores de plataformas digitales y recicladores, quienes pretenden incluir en la discusión temas relacionados con remuneración, formalización laboral, subsidio de transporte, seguridad social e inspección de puestos de trabajo. Las propuestas de incremento salarial que se han puesto sobre la mesa oscilan entre un 8% y un 38,5%, lo que refleja la diversidad de expectativas de los actores involucrados. Para orientar la discusión, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará a fin de mes el indicador de productividad laboral, un dato clave que, junto con la inflación causada, servirá como base técnica para las conversaciones. De no alcanzarse un acuerdo antes del 30 de diciembre, será el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, quien defina el incremento final.









