El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 1485 de 2025, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, que modificaba el cálculo del deslizamiento del salario mínimo para las pensiones privadas bajo la modalidad de renta vitalicia. La medida cautelar, adoptada por los magistrados del tribunal administrativo, obedece a un vicio formal en el trámite de la norma: la omisión de la consulta obligatoria de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), requisito indispensable para cualquier disposición que pueda afectar la dinámica del mercado asegurador. Como consecuencia, se restableció temporalmente la vigencia del Decreto 036 de 2015, que regía el esquema de aportes estatales para compensar el sobrecosto generado cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación, mientras se resuelve el litigio de fondo.
El Decreto 1485 pretendía reducir drásticamente los recursos que el Estado destina a cubrir ese sobrecosto, conocido como deslizamiento del salario mínimo, y trasladaba la carga financiera a las aseguradoras y a los propios afiliados, al exigir un mayor capital de ahorro individual para acceder a una pensión mínima bajo renta vitalicia. Tanto la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) como la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) advirtieron que la modificación ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema y los derechos de los trabajadores próximos a pensionarse. Los ministerios de Hacienda y del Trabajo argumentaron que la materia correspondía estrictamente a seguridad social y no a actividad mercantil, por lo que no requerían el concepto de la SIC, pero los magistrados desestimaron esa postura al considerar que la norma incidía directamente en la competencia del mercado asegurador.
El deslizamiento del salario mínimo es la diferencia entre el incremento anual del salario mínimo y la inflación, y su cobertura resulta clave para las rentas vitalicias, ya que la Constitución ordena que ninguna mesada pensional puede estar por debajo del mínimo legal. En el sistema privado, las pensiones mínimas aumentan obligatoriamente al mismo ritmo del salario mínimo, mientras que las superiores se reajustan por IPC, lo que genera un desfase que el Estado ayudaba a compensar con el Decreto 036 de 2015. Con la suspensión del nuevo decreto, vuelven a regir esas condiciones previas, eliminando las exigencias adicionales de capitalización individual que habrían dificultado el acceso a la pensión mínima para muchos trabajadores.
La decisión del Consejo de Estado, aunque provisional, tiene un impacto inmediato sobre los afiliados que están a punto de pensionarse y que dependen de la renta vitalicia ofrecida por las compañías de seguros. El fallo definitivo se emitirá en los próximos meses y definirá si la reforma impulsada por el Gobierno anterior puede ser implementada o si requerirá un nuevo trámite que incluya la consulta a la SIC. Mientras tanto, el esquema de aportes estatales establecido en 2015 se mantiene vigente, garantizando que el Estado siga asumiendo parte del sobrecosto del deslizamiento del salario mínimo para preservar la oferta de pólizas de renta vitalicia en los fondos privados de pensiones.









