Andrea Petro cuestiona al Gobierno tras denuncia de su padre sobre vehículos blindados
La hija del expresidente Gustavo Petro, Andrea Petro, salió al paso este sábado para respaldar la denuncia de su padre sobre el presunto retiro de vehículos blindados de su esquema de seguridad, un hecho que pone en el centro del debate público la protección de los exmandatarios en Colombia. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la empresaria cuestionó directamente al Gobierno de Abelardo de la Espriella, señalando que la familia se encuentra en un estado de vulnerabilidad. «Nos están dejando completamente desprotegidos ¿Cuál es el objetivo?», escribió Andrea Petro en la red social, en un mensaje que se suma a las críticas que desde sectores políticos han surgido en las últimas horas.
La controversia se desató luego de que el expresidente Gustavo Petro publicara en su cuenta de X una denuncia en la que asegura que los vehículos blindados que formaban parte de su seguridad personal y familiar fueron retirados. Según Petro, estos automotores habrían sido transferidos a la escolta del actual mandatario, Abelardo de la Espriella, y a generales de la Policía, dejando sin protección a su núcleo cercano. «La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí», afirmó el exjefe de Estado en su cuenta oficial, en un mensaje que rápidamente generó reacciones y llamados a la claridad por parte de la administración actual.
Contexto de tensiones y denuncias del Pacto Histórico
La denuncia de Petro se produce en un clima de creciente tensión política, apenas días después de que el portavoz del Gobierno, Miller Soto, explicara el traslado de Lucía de la Espriella, hija del presidente, en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena, el pasado 14 de noviembre. Este hecho había sido criticado por sectores opositores, que lo consideraron un uso indebido de recursos del Estado para fines personales. En respuesta, el Pacto Histórico, la colectividad política del expresidente, ha denunciado un supuesto retiro sistemático de esquemas de protección a dirigentes y militantes de la agrupación, incluyendo a personas que cuentan con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La exsenadora María José Pizarro se sumó a las críticas al afirmar que otras personas vinculadas al Pacto Histórico habrían quedado sin protección, pese a tener antecedentes de amenazas y atentados. Pizarro citó el artículo 30 del Estatuto de la Oposición y pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para esclarecer la situación. Por su parte, la congresista Camelia Zuluaga cuestionó si la medida es una represalia contra sectores opositores, en medio de un escenario donde las desconfianzas entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el anterior mandato parecen intensificarse.
«La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí»
Gustavo Petro, Expresidente de Colombia
Respuesta de las autoridades y debate sobre la protección
Frente a las acusaciones, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aseguró a medios como Infobae Colombia que no se habían realizado cambios en los esquemas de seguridad, sino que se estarían efectuando ajustes según el decreto 1069 del 25 de junio de 2018, el cual tuvo dos modificaciones en junio de 2026. Sin embargo, la versión oficial no ha logrado aplacar las inquietudes del expresidente ni de su hija, quienes insisten en que la medida responde a un ataque político contra su integridad. Mientras tanto, el debate sobre el uso de recursos del Estado para la protección de altos exfuncionarios y la seguridad de sus familias se mantiene abierto, con el Pacto Histórico exigiendo transparencia y el acompañamiento de organismos de control para evitar lo que consideran un posible riesgo para la vida de sus líderes.