Procuraduría exige a Supersalud acceso a salud para 11,3 millones de afiliados de Nueva EPS
La Procuraduría General de la Nación exigió a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) que garantice el acceso efectivo a los servicios de salud para los cerca de 11,3 millones de afiliados de Nueva EPS, luego de que la entidad designara a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como el nuevo agente especial interventor de la EPS, el pasado 17 de noviembre. Gutiérrez Sampedro, odontólogo de profesión, exdirector de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y especialista en seguridad social, asume el cargo en reemplazo de Roberto José Tercero Solano Navarra, quien renunció tras apenas tres meses de gestión.
Intervención bajo lupa
Nueva EPS se encuentra bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, medida que se extiende hasta abril de 2027. La Procuraduría advirtió que la nueva etapa de la intervención debe traducirse en soluciones concretas para los usuarios, especialmente en territorios donde se han encendido alertas por barreras en la atención, como Popayán, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander, entre otros. El organismo de control anunció que realizará un seguimiento preventivo a la gestión de Gutiérrez Sampedro y a las decisiones que adopte la Supersalud, y le pidió a esta última que ejerza plenamente sus funciones de inspección, vigilancia y control. Además, solicitó conocer la evaluación de amenazas identificadas, las acciones aplicadas hasta ahora y las decisiones previstas para el futuro inmediato.
«La intervención debe superar las dificultades existentes y asegurar que los servicios se presten de manera efectiva, oportuna, integral y continua», señaló la Procuraduría en un comunicado oficial.
El nuevo interventor, quien se ha desempeñado también en Capital Salud EPS, Gestarsalud, Famisanar y la PILA, deberá radicar su plan de trabajo dentro del mes siguiente a su posesión. En tanto, el exinterventor Solano Navarra tiene un plazo de tres días para entregar bienes y documentos, y de diez días para rendir cuentas. La Supersalud no aprobó su plan de trabajo, lo que precipitó su salida. Durante el periodo de transición, y hasta la posesión de Gutiérrez, la abogada Mariam Liliana Carrillo Peña, quien fungía como interventora suplente desde octubre, ha estado a cargo de custodiar los activos de la EPS sin realizar actos de disposición.
«La defensa de los ciudadanos exige que el derecho fundamental a la salud se materialice en atención efectiva, sin barreras ni interrupciones, en todos los territorios del país», enfatizó el Ministerio Público.
La Procuraduría dejó claro que las alertas mencionadas no limitan la vigilancia a esos departamentos o municipios, sino que el control preventivo se extiende a todo el territorio nacional. Entre las prioridades que deberá atender Gutiérrez Sampedro están la entrega oportuna de medicamentos, tecnologías en salud, procedimientos y la continuidad de tratamientos, así como la recuperación de la suficiencia de la red de prestadores de servicios, con el fin de que los 11,3 millones de afiliados de Nueva EPS reciban una atención digna y sin obstáculos.