Fotos PNNN
Hace más de cuatro años y medio la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia en la que estableció que el Parque Nacional Natural de los Nevados, PNNN, es sujeto de derechos. En ese escenario de más de 61 mil kilómetros cuadrados confluyen todo tipo de intereses y se impone una explotación que muy poco tiene en cuenta el cuidado que hay que tener de esa valiosa reserva natural, pulmón del Eje Cafetero y abastecedor del agua que consumen más de 3 millones de colombianos.
No son visibles los avances, pese a que con frecuencia se realizan reuniones del más alto nivel buscando caminos para cumplir con la decisión que ordenó a todo un conjunto de autoridades velar por la conservación del PNNN. ¿Cómo se trabaja para garantizar esos derechos? La Veintitrés invitó a la Secretaria del Medio Ambiente de Caldas, Paula Andrea Loaiza Cruz, agrónoma, natural de Riosucio, de origen indígena, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector ambiental y gran parte de su vida la ha dedicado a trabajar en estos temas tanto en su comunidad, su municipio y el sector público del departamento, para que nos expliqué en realidad qué se está haciendo.
Por GERMÁN MEJÍA GALLO y SAMUEL SALAZAR NIETO
El turismo no controlado que utiliza senderos clandestinos como atractivo para visitantes que invaden zonas a las que no pueden acceder, la apropiación irregular de predios, la mano depredadora del hombre que sustrae de allí las riquezas naturales, la presencia de especies invasoras, son apenas una parte de las amenazas que enfrenta uno de los ecosistemas más importantes de Colombia, ubicado en el corazón del Eje Cafetero.
No es que la situación no les importe a las autoridades ambientales y/o al país en general. De hecho, desde hace cuatro años cuando se profirió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a las autoridades nacionales, regionales y locales, disponer de todos los recursos a su alcance para proteger el Parque Nacional Natural de los Nevados, PNNN, en cuatro departamentos se trabaja en procesos que conduzcan a garantizar la protección de los derechos de esta área del territorio nacional ubicada en la Cordillera Central, sobre pisos térmicos de frío, páramo y gélidos que forman una zona ecológica de bosques andinos, páramos y glaciares.
Más de 61.000 metros cuadrados forman parte de esta reserva de los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, en áreas de los municipios de Manizales, Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Pereira, Salento, Villahermosa, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Ibagué y Casabianca. A partir de la decisión de la Corte Suprema, se incluyó dentro de su área de influencia a otros cuatro municipios de Caldas: Neira, Salamina, Aranzazu y Marulanda.
“Las acciones que están en marcha no se pueden materializar de manera inmediata”, es lo primero que advierte nuestra invitada Paula Andrea Loaiza Cruz. “Pero estamos trabajando en su cumplimiento con la comunidad, las instituciones y las autoridades administrativas de los cuatro departamentos”, añade la Secretaria de Medio Ambiente del Departamento de Caldas.
El proceso actual ha engranado una transversalización de las tareas, logrando involucrar a numerosos actores en una zona en la que además de las medidas que hay que monitorear de manera permanente por el riesgo volcánico, cuenta con una población que tiene necesidades básicas en materia de vivienda, educación, servicios públicos y adolece de acompañamiento en materia agrícola. Paradójicamente, es un escenario que atraviesa la llamada “ruta más bonita de Colombia”, atractivo del que abusan un turismo sin control y las manos del hombre, uno de sus principales depredadores.
“Estamos enfocados en la concientización del cuidado de la Madre Tierra, los páramos son patrimonio de todos, él es patrimonio de todos”, afirma nuestra invitada, quien precisa que los orígenes de la orden de la Corte Suprema de Justicia tienen que ver con el mal causado por desarrollo agrícola y en el uso del suelo donde nace el agua para más de 3 millones de personas.
“Entonces aquí estamos mirando es una afectación colectiva y lo que deriva de la decisión judicial es que tenemos que cuidar ese ecosistema que siempre hemos sabido que estaba ahí, pero el desarrollo ty el turismo no controlado generaron un impacto que afecta a la comunidad en general”, recalca.
¿Y cómo se está trabajando para neutralizar ese impacto?
“Seamos claros. No es que hoy se tome una decisión y al otro día ya está todo resuelto. Se trata de un proceso en el que toca trabajar de la mano con el sector turístico para establecer, por ejemplo, mecanismos que impidan la movilización de visitantes por zonas prohibidas; con los organismos encargados de la compra de predios para reserva, partiendo de si están titulados o no, si son o no de falsa tradición.
No son acciones que podamos materializar ya, pero estamos trabajando en ese cumplimiento; así mismo dentro de las entidades territoriales se nos convoca a establecer acciones de trabajo con la comunidad, o sea, a realizar inversiones de mejoramiento vial, de mantener las rutas de evacuación en las mejores condiciones por el riesgo volcánico, de atender las necesidades en salud, vivienda y educación de los habitantes de la zona
Avanzamos en estrategias de restauración y es así como, por ejemplo, sumamos esfuerzos con el Batallón Ayacucho que tiene un vivero de alta montaña y donde se viene restaurando un predio que tiene la Gobernación en esta zona que se llama Romeral con 983 hectáreas, donde venimos haciendo siembras mensuales. Y el enfoque desde el departamento no solo está en la Secretaría del Medio Ambiente pues hay competencias que se articulan con Secretarias como las de Gobierno, Infraestructura, Desarrollo, Empleo e innovación, Agricultura”.
Es decir, ¿no todo se limita a reuniones, como algunos opinan?
“Hacemos reuniones y coordinaciones no solamente como Gobernación sino con entidades externas como Policía, Ejército, organismos de socorro, porque también se desarrollan intervenciones en la vía Manizales-Murillo donde, sabemos que tenemos la ruta más bonita de Colombia, pero esa ruta tan bonita también ha generado una afluencia desmedida de turistas y una de las órdenes es proteger el ecosistema.
Allí la gente para a contemplar el paisaje, pero también para y obstaculiza la vía, la única ruta de evacuación ante una posible emergencia… y se detiene porque quiere la foto al lado del frailejón, pero al hacerse al lado del frailejón se pisa el colchón de agua y los , frailejones más pequeños, unas plantas que crecen uno o máximo dos centímetros al año.
Tenemos una especie invasora que es el retamo espinoso, una planta amarillita que se ha dispersado bastante. Se dispersa por el viento y cuando la gente se sube a la zona de los frailejones, las semillas se le pegan a la ropa y se diseminan por donde caminan.
Entonces estamos en un proceso de capacitación, de educación y sensibilización. Lo que se está haciendo ahora es conciliar con la gente que maneja el turismo para que pueda existir esa cohabitación con el respeto por la naturaleza y se pueda trabajar sin problema”.
¿Es muy complicado llegar a entendimientos?
“Esa es una tarea que tiene a cargo la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación y que nosotros venimos apoyando. Reconozco el interés y los buenos oficios que también han planteado los operadores turísticos, porque si uno no cuida la fuente de ingresos difícilmente puede seguir y aquí si hemos visto una receptividad por parte de ellos.
Nos toca trabajar aún más con ese turismo informal, con el turismo no regulado, que es el que nos está generando rutas alternas. También avanzamos en campañas para concientizar a la gente en lo frágil que es el ecosistema, donde pararse a hacer fiestas, ruido, prender un bafle, puede afectar la fauna existente en la zona. El tema es de que hay que educar para que todos podamos contribuir y entender que las hay afectaciones que no solamente están en el ecosistema, sino que también hay que educar a las personas que se aventuran a estar allí, para que antes de ingresar tengan en cuenta su situación física pues la altura puede causar también malestares”.
¿ Cómo es el tema de los predios allí? ¿de qué manera el Estado va a asumir el control de ellos?
“Dentro de la zona de Parque es responsabilidad de Parques Naturales adquirir los predios a nombre del Gobierno Nacional. En la zona de influencia del PNNN, la responsabilidad directa es de los gobiernos tanto departamental, como municipal. Nosotros venimos adquiriendo con recursos del 1% del presupuesto, pero igual no es suficiente para el impacto que debemos lograr. Por eso también se acudió a la Agencia Nacional de Tierras para decirle que si bien no puede comprar tierras para dotar a las comunidades, sí podría evaluar la posibilidad de adquirir predios para conservar, que beneficiarían también a las comunidades“
Y para el cumplimiento de metas, ¿hay cronogramas establecidos?
“Nosotros tenemos tareas al 2027 y al 2030. La tarea más s compleja es la adquisición de los predios en el término de que los recursos pues son ilimitados. Sabemos que estamos avanzando en ese cumplimiento de la sentencia y ya tenemos unos rubros destinados para ir comprando de manera gradual año a año predios en esta zona“.
¿Cuál es el mensaje a toda la comunidad y al país?
“El mensaje es que todos podemos contribuir, todos podemos ayudar desde procesos de reconversión productiva, desde el tema comunicativo para poder sensibilizar a las comunidades sobre lo frágil que es el ecosistema y también sobre la función tan importante que tiene el ecosistema en el término de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Todos podemos aportar y que esta no es una tarea únicamente de los gobiernos, acá necesitamos concurrir lo público, lo privado y lo comunitario para reducir los impactos en las en la zona del Parque Natural y su área de influencia; así que si todos nos ponemos la camiseta yo creo que podemos reducir los impactos y no solamente por órdenes de una sentencia. Tenemos que tener compromiso real por el cuidado de la conservación de la Madre Tierra”.
