La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición internacional presentada por el abogado Alejandro Franco Castaño en representación de las familias afectadas por el colapso de viviendas y locales comerciales en el sector «La Plaza» del Municipio de Marmato, Caldas. La decisión se tomó el 7 de julio de 2025, después de que las familias llevaran más de 25 años luchando por justicia.
Detalles del Caso
- Petición 311-15: La CIDH identificó el caso como Petición 311-15, que involucra presuntas violaciones a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, propiedad privada, protección judicial y derecho a un medio ambiente sano.
- Responsabilidad Estatal: La CIDH considera que los hechos narrados ameritan un estudio de fondo para determinar la responsabilidad del Estado colombiano en la falta de fiscalización minera y sus consecuencias.
- Obligaciones del Estado: El organismo internacional resaltó que los Estados tienen la obligación de regular, fiscalizar, prevenir e investigar los efectos de actividades empresariales que comprometan derechos humanos.
Historia de la Lucha
- 2004: El abogado Alejandro Franco Castaño inició los procesos judiciales en representación de las víctimas.
- 2012: El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales falló a favor de las víctimas, reconociendo la responsabilidad del Estado y ordenando reparaciones.
- 2013: El Tribunal Administrativo de Caldas revocó la decisión, lo que llevó a las familias a acudir al Sistema Interamericano en 2015.
Impacto y Significado
- Precedente: El caso Marmato se convierte en un precedente emblemático sobre la responsabilidad estatal en contextos de minería mal regulada.
- Protección de Comunidades: La admisión de la petición es un acto de memoria colectiva y representa el reconocimiento de una deuda histórica con Marmato y sus habitantes.
- Reparación: La CIDH podría ordenar reparaciones para las víctimas y medidas para prevenir futuras violaciones de derechos humanos.
Próximos Pasos
- Respuesta del Estado: El Estado colombiano tendrá cuatro meses para dar una respuesta de fondo sobre el caso.
- Informe Final: Después de la respuesta del Estado y la intervención de los peticionarios, la CIDH rendirá un informe final sobre el caso, que podría incluir recomendaciones para reparar a las víctimas y prevenir futuras violaciones ¹.
