IED en América Latina crece 7,1 % en 2024, pero persiste el bajo interés de nuevos capitales

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Empresas ya instaladas lideran la inversión; minerales críticos concentran anuncios de nuevos proyectos.

La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe alcanzó los 188.962 millones de dólares en 2024, un 7,1 % más que el año anterior, según el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El repunte fue impulsado principalmente por reinversión de utilidades de empresas transnacionales ya presentes en la región.

El documento indica que este monto representó el 13,7 % de la formación bruta de capital fijo y el 2,8 % del producto interno bruto regional, proporciones inferiores a las registradas durante la década de 2010, cuando la participación de la IED alcanzaba el 16,8 % y el 3,3 %, respectivamente.

Para lograrlo, será clave utilizar esa inversión como una herramienta estratégica dentro de las políticas de desarrollo productivo”, afirmó el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, durante la presentación del informe.

Transnacionales marcan el ritmo

La CEPAL explicó que el crecimiento de 2024 fue resultado del comportamiento de empresas transnacionales que ya operaban en los países latinoamericanos, las cuales aumentaron la reinversión de sus utilidades. No obstante, advirtió que los aportes de capital nuevo permanecen estancados.

Esta tendencia refleja, según el organismo, un bajo interés de nuevas empresas por instalar operaciones en la región. El informe también señala que, aunque se incrementaron los anuncios de nuevos proyectos, estos se concentraron en hidrocarburos, en detrimento de sectores como las energías renovables o la tecnología.

Brasil y México concentran más del 60 % del total

Los flujos de inversión extranjera se distribuyeron de manera desigual. México y Brasil fueron los principales receptores, con el 24 % y el 38 % del total, respectivamente. En ambos casos se reportaron alzas significativas: 47,9 % en México y 13,8 % en Brasil.

Colombia, Chile y Argentina ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar, aunque con caídas frente a 2023. La CEPAL también reportó que aumentaron las inversiones en manufacturas y disminuyeron en el sector servicios, mientras que los recursos naturales registraron la menor participación relativa.

En cuanto al origen de los flujos, Estados Unidos consolidó su posición como principal inversionista con un 38 % del total. Le siguieron la Unión Europea —excluyendo a Luxemburgo y Países Bajos— con un 15 %, y América Latina y el Caribe con un 12 %. China representó solo el 2 %, aunque parte de sus inversiones se canalizan a través de terceros países y no se reflejan en las estadísticas directas.

Auge de inversiones en minerales críticos

El informe destaca que América Latina y el Caribe concentra una parte relevante de la inversión en minería, especialmente en minerales considerados críticos para la transición energética, como el litio y el cobre. Entre 2005 y 2024, se anunciaron 1.152 proyectos por un valor total de 230.065 millones de dólares.

América Latina y el Caribe constituye una región protagónica en el mercado global de minerales críticos”, sostiene la CEPAL, que detalla que el 84 % del valor total anunciado se concentró en Chile, Perú, Brasil y Argentina. El 24 % del número de proyectos corresponde específicamente a minerales críticos, lo que equivale al 42 % del valor total anunciado.

Las principales fuentes de inversión en estos sectores fueron Canadá y el Reino Unido (20 % cada uno), seguidos por China (14 %) y Australia (11 %). Sin embargo, la CEPAL señala que gran parte de las exportaciones regionales de minerales críticos —62 %— corresponde a productos sin procesamiento o apenas refinados.

La escasa diversificación productiva relacionada con la minería en América Latina y el Caribe revela que, en general, los países de la región no han logrado articular sus instrumentos de atracción de inversiones con sus políticas de desarrollo productivo”, concluye el documento, que propone fortalecer las capacidades de gestión minera y vincularlas a políticas de desarrollo industrial.

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