Representante especial del Secretario General ante el Consejo de Seguridad alertó sobre la violencia política y los retos en el actual periodo electoral.
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El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, advirtió ante el Consejo de Seguridad sobre los riesgos que enfrenta el país en la actual coyuntura electoral, especialmente en relación con la persistencia de la violencia política y las limitaciones en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Durante su intervención, Ruiz Massieu expresó preocupación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el mes pasado, hecho que, según señaló, revivió episodios de violencia del pasado y subrayó la necesidad urgente de eliminar la violencia del ejercicio político. Respaldó, además, la propuesta de la Defensoría del Pueblo para que partidos y movimientos políticos suscriban compromisos por unas elecciones en paz.
El informe presentado, correspondiente al periodo marzo-junio de 2025, resalta que el proceso de paz ha sido fruto de esfuerzos conjuntos de gobiernos con diferentes orientaciones políticas, de la firma del acuerdo por parte de los excombatientes y de una participación activa de la sociedad civil.
Ruiz Massieu recordó que el actual periodo electoral, que culminará en marzo de 2026, podría acentuar las divisiones políticas. En ese contexto, destacó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para emitir sus primeras sanciones propias, lo que constituirá un hito dentro del sistema de justicia transicional.
Respecto a los diálogos con grupos armados, el representante de la ONU explicó que las negociaciones han tomado un enfoque territorial ante la fragmentación de estas estructuras. Señaló que su éxito dependerá de la voluntad real de paz por parte de los actores armados y de que se logren resultados tangibles para las comunidades afectadas.
Ruiz Massieu también hizo referencia a las dificultades que persisten, como la limitada presencia estatal en algunas regiones, donde continúan operando economías ilícitas y estructuras armadas, lo que impide el acceso efectivo a los beneficios de la paz.
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Datos reveladores
Según el informe, entre enero y junio de 2025 fueron asesinados diez excombatientes, se registró un intento de homicidio y cuatro desapariciones, incluida la primera desaparición de una mujer en proceso de reincorporación. Desde la firma del Acuerdo ya se han registrado 474 asesinatos de excombatientes, cuatro de ellos posteriores al corte del informe.
En el mismo periodo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó 112 emergencias humanitarias que afectaron a 168.300 personas, entre ellas 67.800 desplazamientos forzados y 98.700 confinamientos, en medio de disputas territoriales entre grupos ilegales y enfrentamientos con la fuerza pública.
También se documentaron 463 casos de reclutamiento de menores en 2024 y 34 denuncias de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el primer semestre de 2025, con especial afectación en Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
El informe advierte, además, que la financiación insuficiente podría poner en riesgo la implementación de los proyectos derivados del Acuerdo. Ante esto, el Secretario General de la ONU reiteró la importancia de sostener el apoyo económico como garantía para avanzar en los compromisos asumidos desde 2016.
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Con información de ONU Noticias.