La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal (vinculado a la manipulación de testigos) y fraude procesal, condenándole a una pena de 12 años de prisión. Se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente.
Detalles de la sentencia
- Conminado a 12 años de prisión, con posibilidad de prisión domiciliaria, debido a su edad (73 años) y comportamiento procesal.
- Debe pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos mensuales legales (3.400 millones de pesos) y está inhabilitado para ejercer funciones públicas por 100 meses y 20 días.
Motivos del fallo
Según la jueza Heredia, Uribe coordinó con su abogado Diego Cadena para presionar y persuadir a exparamilitares encarcelados (como Juan Guillermo Monsalve) a modificar sus testimonios contra el senador Iván Cepeda.
La sentencia advierte sobre una estrategia sistemática de desacreditación de jueces y fiscales mediante manipulación mediática para desviar la atención del fondo del caso.
Alegatos de Uribe en su apelación
Durante la audiencia de apelación, Uribe Vélez realizó una defensa vehemente, y rechazó haber ordenado sobornos o manipulación, afirmando que no hay pruebas concretas en las más de 18.000 interceptaciones que lo vinculen como determinador de los hechos.
Denunció que el fallo es producto de un proceso politizado: “Ha predominado la política sobre el derecho”, y calificó el juicio como un “juicio político” impulsado desde el alto gobierno.
Alvaro Uribe acusó a la jueza de parcialidad y afirmó que su sentencia es parte de una campaña de “lawfare” para debilitarlo políticamente. Alegó que la defensa no pudo preparar argumentos eficaces ante un fallo de más de mil páginas que consideró un “discurso político”.
Criticó al presidente Gustavo Petro por promover violencia e instó a distanciarse de cualquier relación con hechos violentos, afirmando que su discurso político ha sido plenamente pacífico.
Solicitó un plazo adicional para preparar su sustentación, fijándose una audiencia de apelación para el 13 de agosto.
Próximos pasos en el proceso
La apelación será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, cuya decisión podría llegar a mediados de octubre, antes de que prescriba el proceso (prescripción posible en el mes de octubre de este año).
Si la apelación no prospere, el caso podría llegar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que tiene hasta cinco años para pronunciarse en última instancia.
Esta sentencia marca un hito histórico en Colombia, al condenarse penalmente por primera vez a un expresidente. El caso ha reavivado el debate nacional sobre la independencia del poder judicial, el límite del poder político y la justicia penal. El expresidente ha enfatizado que agotará todos los recursos legales, manteniendo firme su narrativa de persecución política.
