La decisión de Washington provocó una fuerte reacción en Caracas, que movilizó millones de milicianos como respuesta a lo que considera una amenaza directa contra su soberanía.
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Estados Unidos anunció un incremento en la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, que pasó de 25 a 50 millones de dólares. De manera paralela, la Armada norteamericana desplegó varios buques de guerra, incluidos destructores guiados por misiles, en aguas cercanas al Caribe, lo que intensificó la tensión entre ambos países.
La justificación de Washington se centra en presuntos vínculos de altos funcionarios venezolanos con organizaciones criminales transnacionales y actividades relacionadas con el narcotráfico. Con este argumento, el gobierno estadounidense endureció sus medidas de presión, combinando acciones judiciales y movimientos militares en la región.
En Caracas, Nicolás Maduro rechazó lo que calificó como una agresión externa y convocó a la movilización de unos 4,5 millones de milicianos. Según su anuncio, estos cuerpos se desplegarán en todo el país para apoyar la defensa nacional. El mandatario también aseguró que se fortalecerá el suministro de armas a comunidades rurales y campesinas para enfrentar cualquier eventual incursión militar.
La tensión diplomática escaló con la reacción de la Asamblea Nacional y de las Fuerzas Armadas venezolanas, que expresaron respaldo a Maduro y denunciaron la presencia de los buques norteamericanos como una violación al derecho internacional. Al mismo tiempo, sectores de la oposición señalaron que las acciones de Estados Unidos pueden agudizar la crisis interna y aumentar el riesgo de confrontaciones armadas.
En Washington, varios congresistas celebraron el despliegue naval y calificaron la medida como un paso necesario para ejercer mayor presión sobre el gobierno de Maduro. Las declaraciones se suman al endurecimiento del discurso político hacia Caracas, enmarcado en las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y de vínculos con el narcotráfico.
Con este escenario, la relación bilateral entre ambos países entra en una nueva fase de confrontación. La combinación de recompensas, sanciones financieras y presencia militar abre un periodo de incertidumbre sobre los posibles desenlaces en el Caribe y sobre la estabilidad regional.
