Juez concede principio de oportunidad a Sneyder Pinilla. Será colaborador de la Fiscalía en uno de los escándalos de corrupción más grandes del actual gobierno.
En una decisión que ha generado fuertes reacciones diplomáticas, el gobierno de Nicaragua rechazó oficialmente la solicitud de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) de Colombia, Carlos Ramón González, y le concedió asilo político, alegando que es víctima de persecución judicial y mediática en su país de origen.
La resolución nicaragüense fue emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior de Nicaragua. En el documento, al que varios medios tuvieron acceso, se argumenta que González enfrenta en Colombia una situación de “persecución política que compromete su seguridad personal y la de su familia”, y que su derecho a un juicio justo podría estar en riesgo.
El asilo se sustenta en la Constitución Política de Nicaragua, así como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, entre otros. Las autoridades nicaragüenses señalaron que su decisión está enmarcada en el respeto a los derechos humanos y al principio de no devolución cuando hay riesgo de persecución.
Un caso que sacude la política colombiana
Carlos Ramón González es una figura clave en el círculo cercano al presidente colombiano Gustavo Petro. Su nombre ha estado en el centro del escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los mayores casos que ha golpeado al actual gobierno. En julio de 2025, un juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura por los presuntos delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
González salió de Colombia rumbo a Nicaragua en noviembre de 2024, poco antes de que se intensificaran las investigaciones judiciales. En agosto de este año, el presidente Petro confirmó que su gobierno había enviado una nota diplomática a través de la embajada colombiana en Managua, solicitando su extradición bajo el tratado bilateral vigente desde 1929.
Reacciones en Colombia
La respuesta del gobierno colombiano no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión de Nicaragua como “inamistosa y agresiva” y afirmó que el país está evaluando medidas diplomáticas ante lo que considera una obstrucción a la justicia.
“La protección que el régimen Ortega-Murillo ofrece a una figura clave en un caso de corrupción tan sensible, representa un grave retroceso en la cooperación judicial regional”, expresó Benedetti en una rueda de prensa.
Desde la oposición, varios sectores han criticado tanto la actuación del gobierno de Nicaragua como la falta de previsión del Ejecutivo colombiano para evitar la fuga de González.
Contexto regional
La decisión de Nicaragua se enmarca en una política reiterada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de conceder asilo a figuras políticas de otros países latinoamericanos, especialmente aquellas cercanas a gobiernos de izquierda. Esto ha generado tensiones con otros Estados y ha debilitado los mecanismos de cooperación judicial en la región.
Con esta determinación, Nicaragua vuelve a desafiar el sistema interamericano de justicia, mientras Colombia enfrenta una creciente presión nacional e internacional para aclarar el alcance del escándalo de la UNGRD y sus implicados.
Sneyder Pinilla: La ficha clave de la Fiscalía en el escándalo de la UNGRD
Con la aprobación del principio de oportunidad por parte de una jueza de control de garantías, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), se convirtió oficialmente en el principal colaborador de la Fiscalía General de la Nación en uno de los escándalos de corrupción más grandes del actual gobierno.
La medida le concede a Pinilla inmunidad parcial en tres de los cinco delitos por los cuales era investigado: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. A cambio, el exfuncionario entregó una matriz de colaboración que involucra a al menos 23 personas, incluyendo congresistas, altos funcionarios y exministros.
El precio de hablar
Pinilla ya había sido condenado en abril de 2025 a cinco años y ocho meses de prisión por peculado por apropiación agravado y concierto para delinquir. Sin embargo, su disposición a revelar detalles del entramado de corrupción que rodeó la compra irregular de carrotanques para La Guajira le abrió la puerta a beneficios judiciales.
Durante la audiencia, su defensa solicitó que el proceso fuera público “por razones de seguridad y transparencia”. Y no es para menos: en sus declaraciones han salido a relucir nombres de peso como los presidentes del Congreso Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), además de figuras del círculo presidencial como Carlos Ramón González (director de la DNI), Sandra Ortiz (consejera para las regiones), Luis Fernando Velasco (ministro del Interior) y Ricardo Bonilla (ministro de Hacienda).
Una matriz explosiva
La colaboración de Pinilla no se ha limitado a palabras. Entregó grabaciones, chats, documentos oficiales y declaraciones juradas que ya están siendo utilizadas por la Fiscalía para abrir nuevos procesos judiciales. Además, señaló que el entramado no era un hecho aislado, sino parte de un esquema sistemático de desvío de recursos públicos con fines políticos.
Según ha trascendido, entre sus confesiones se detalla la supuesta entrega de millonarias sumas de dinero a congresistas a cambio de apoyo legislativo a proyectos del gobierno nacional.
Lo que sigue
Aunque la inmunidad parcial le evita enfrentar cargos por algunos delitos, Sneyder Pinilla seguirá en prisión, cumpliendo la pena ya impuesta por los delitos más graves. La Fiscalía, por su parte, usará su testimonio como pieza clave para desenredar la cadena de responsabilidades en la corrupción dentro de la UNGRD.
Este caso, que comenzó con una compra cuestionada de carrotanques por más de 46 mil millones de pesos, hoy amenaza con convertirse en una tormenta política de gran alcance, en la que Pinilla dejó de ser acusado para convertirse en testigo estrella del Estado.
